VILLENA.-El auge de las plantas fotovoltaicas, pese a la oposición del equipo de gobierno de Villena debido al impacto ambiental y paisajístico en el municipio, reportará numerosos beneficios a las arcas municipales. En concreto, el Ayuntamiento espera obtener más de 10 millones de euros en los próximos tres años de ingresos para las arcas públicas derivados de impuestos, tasas urbanísticas e Impuestos de Actividades Económicas de estas empresas. Así lo avanzó el edil de Hacienda, Juan José Olivares, durante la presentación del presupuesto municipal aprobado hace unos días en el pleno extraordinario.

En concreto, estos ingresos se corresponderían a este 2025, en el que se han liquidado varios millones con respecto a este concepto. En lo que queda de este año, en 2026 y 2027, el Consistorio ha proyectado esos 10 millones de euros. Una cantidad "a la baja", señaló el edil, ya que podrían superarse debido al gran número de proyectos de fotovoltaicas que se han presentado en la localidad. Todo y pese a que desde el equipo de gobierno trabajan ya en una modificación del PGOU para limitar el suelo que pueda destinar a este tipo de instalaciones. Una limitación que, sin embargo, no impedirá que casi el 10% del término municipal pueda albergar este tipo de instalaciones. 

De hecho, actualmente, están sobre la mesa una quincena de proyectos fotovoltaicos sobre la mesa. El equipo de gobierno es consciente de que no todos llegarán a ejecutarse, de ahí a que se haya hecho una estimación a la baja en lo que a ingresos se refieren derivados de este tipo de instalaciones, que además se prolongan en el tiempo gracias a impuestos como el IBI.

De hecho, los ingresos derivados de empresas energéticas que aprovechan esta energía fotovoltaica en la localidad son una de las razones de que el Consistorio haya aumentado en los últimos seis años los ingresos un 47% "sin subir impuestos" más allá de la actualización de la tasa de basuras impuesta por la ley que obliga a que estos precios públicos cubran el 100% del coste del servicio, sin que los Ayuntamientos puedan asumir parte del coste del servicio.