VILLENA. El Comité de Huelga del servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (LV y RSU) de Villena ha anunciado este lunes la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 2 de septiembre, tras declarar rota la negociación con el Ayuntamiento. La decisión ha sido respaldada en asamblea por la plantilla, que denuncia una "vulneración continuada del principio de buena fe negocial" por parte del equipo de gobierno, liderado por el PSOE.

El origen del conflicto se remonta a septiembre de 2024, cuando se desconvocó una huelga tras el compromiso del Consistorio de iniciar una negociación real para garantizar las condiciones laborales de la plantilla ante el cambio de modelo a gestión privada. El comité sostiene que el gobierno local no ha cumplido lo pactado, rechazando incluso una propuesta de mínimos que, aseguran, solo pretendía consolidar los derechos ya existentes, sin pedir mejoras económicas.

"Se han reído de la confianza que depositamos en ellos", ha afirmado el Comité de Huelga, que acusa al gobierno municipal de “utilizar nuestra buena fe para aparentar una voluntad negociadora que nunca existió”.

La situación se ha agravado tras la convocatoria de un pleno extraordinario para el 16 de julio, en el que se prevé aprobar los pliegos de licitación. El comité califica esta decisión de “enorme irresponsabilidad” y advierte de que la huelga es ya la única vía de acción sindical ante la falta de avances.

Entre los objetivos de la huelga, los trabajadores reclaman la consolidación de salarios y jornada laboral, mejoras en permisos y conciliación, protección del 100 % del salario en caso de baja por accidente o enfermedad profesional, y la actualización de complementos y horas extraordinarias. Subrayan que no están solicitando aumentos, sino únicamente que se respeten sus condiciones actuales.

El comité también denuncia la presión que sufren los trabajadores ante los rumores de una “limpieza de personal” con la entrada de la nueva empresa adjudicataria, y responsabiliza al Ayuntamiento de la situación del servicio, que aseguran ha sido deficiente no por culpa de la plantilla, sino por la falta de inversión y recursos desde que se municipalizó en 2017.

"Son 39 familias las que se enfrentan a la incertidumbre por culpa de un gobierno que se dice progresista pero actúa sin sensibilidad social", concluyen. “No daremos un paso atrás hasta que haya una solución real y formalizada sobre la mesa”.