NOVELDA. El Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de la Generalitat Valenciana ha concedido la autorización administrativa para la construcción de una planta solar fotovoltaica en Novelda, impulsada por la mercantil PS Manute S.L. La instalación, denominada FV Manute, contará con una potencia de 3,01 megavatios (MW) y ocupará una parcela de más de 43.000 metros cuadrados en el polígono 47 del término municipal.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, otorga también la aprobación del plan de desmantelamiento y restitución del terreno y del entorno afectado una vez concluya la vida útil de la planta, así como la declaración de utilidad pública de la infraestructura de evacuación eléctrica. Esta línea de evacuación se desarrollará de forma subterránea a lo largo de casi cuatro kilómetros hasta enlazar con la red de distribución de 20 kV en la línea “L-31 La Mola de la ST Petrel”.

El proyecto contempla la instalación de 5.373 módulos fotovoltaicos de silicio monocristalino, con una potencia unitaria de 670 Wp, que suman un total de 3.599,9 kWp de potencia pico. Estarán conectados a 14 inversores de 215 kW cada uno. El sistema permitirá inyectar a la red una capacidad de acceso de 2,7 MW, menor que la potencia instalada, por lo que se exigirá un sistema de control coordinado para limitar la inyección.

La tramitación se ha desarrollado por el procedimiento de urgencia previsto en el Decreto-ley 14/2020 del Consell, al tratarse de una planta de menos de 10 MW. Durante el proceso se recabaron informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Conselleria de Medio Natural, el Ayuntamiento de Novelda y otros organismos competentes, que han dado luz verde al proyecto con condiciones específicas para minimizar el impacto ambiental, paisajístico y sobre infraestructuras públicas. Entre ellas figuran la instalación de barreras vegetales en el perímetro, la integración del cerramiento en el entorno y medidas para evitar deslumbramientos en la carretera CV-835.

La Generalitat ha subrayado que, además de garantizar la restauración de los terrenos al final de su explotación, la empresa promotora deberá constituir una garantía económica vinculada a ese compromiso. El proyecto forma parte de la estrategia autonómica para acelerar la implantación de energías renovables y contribuir a los objetivos de transición energética y lucha contra el cambio climático.