El alcalde de Monóvar, Loren Amat, ha explicado públicamente la situación judicial que atraviesa el Ayuntamiento tras la aprobación en octubre de 2024 de la modificación de la tasa de residuos sólidos urbanos, actualmente recurrida por parte de la oposición. La causa judicial se centra en la legalidad de un pleno urgente celebrado tras detectarse un error de procedimiento en una primera sesión plenaria que había concluido en empate.

Amat ha reconocido que, en el pleno ordinario del 4 de octubre, se dio por válido su voto de calidad para desempatar, cuando en realidad era necesario repetir la votación. Para subsanarlo, el equipo de gobierno convocó de forma inmediata un pleno extraordinario urgente esa misma noche, con el objetivo de aprobar la modificación de la ordenanza dentro de los plazos exigidos por la normativa estatal, que obligaba a tenerla en vigor antes de abril de 2025.

El origen de la causa judicial reside en la denuncia de parte de la oposición, que alega no haber sido debidamente notificada de esta nueva convocatoria. Según Amat, la convocatoria se realizó por correo electrónico a las direcciones oficiales facilitadas por los concejales, y además se contactó por otros medios como WhatsApp, teléfono y mensajes personales. Pese a ello, algunos ediles no asistieron al pleno, y el grupo denunciante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales.

El alcalde subraya que no existe aún ninguna sentencia firme que condene al consistorio y recuerda que, durante el periodo de exposición pública de la nueva ordenanza, no se presentaron alegaciones. No obstante, advierte que si la justicia invalida el procedimiento, el Ayuntamiento se verá obligado a compensar el desfase económico en los recibos del próximo año, lo que podría suponer un perjuicio para las arcas municipales y para los vecinos.

“Estamos gastando dinero público para defendernos ante otra administración, cuando sabemos que actuamos correctamente”, ha lamentado Amat, quien ha insistido en que la subida de la tasa “era inevitable” para cumplir con la ley. También ha asegurado que, en caso de que la justicia no les dé la razón, no se devolverán los importes cobrados este año, pero sí se compensarán en ejercicios posteriores.

El alcalde ha finalizado haciendo un llamamiento a la responsabilidad política y ha acusado a la oposición de poner en riesgo al municipio con una actitud que, según él, podría derivar en sanciones del Ministerio o incluso de la Unión Europea por incumplimiento de plazos.