ELCHE. Registrar un diseño no siempre garantiza que una empresa pueda defenderlo eficazmente frente a las copias. Esta ha sido una de las principales conclusiones de la primera mesa del III Congreso de Diseño, celebrado en el Colegio de Abogados de Elche, donde representantes de Actiu, Pikolinos y Rolser han compartido sus experiencias en la protección de sus creaciones y han puesto sobre la mesa las dificultades jurídicas y económicas que afrontan las compañías para hacer valer sus derechos. Un debate en el que también se han cuestionado las limitaciones del sistema actual, especialmente cuando las imitaciones proceden de empresas extranjeras o afectan a la evolución de productos ya existentes.
Bajo el título "Buenas prácticas empresariales en la protección del Diseño", la mesa ha contado con la participación de José Luis Segura, responsable del departamento jurídico de Actiu; Carlos García, director legal de Pikolinos; y Antonia Pizarro, responsable del departamento de calidad de Rolser. Los tres han abordado las estrategias que siguen sus compañías para proteger sus productos, desde la decisión de registrar una creación hasta las actuaciones necesarias cuando detectan posibles infracciones.
El encuentro ha evidenciado que la protección del diseño constituye una cuestión cada vez más vinculada a la estrategia empresarial. Sin embargo, los participantes han coincidido en la necesidad de adaptar los mecanismos disponibles a una realidad marcada por la comercialización internacional, las plataformas digitales y la constante evolución de los productos.
Uno de los mensajes más críticos del debate ha llegado desde el ámbito judicial, donde se ha cuestionado que el sistema de protección esté respondiendo adecuadamente a las necesidades de las industrias creativas. "El sistema tiene que cambiar. El sistema no está respondiendo a lo que necesita la industria creativa", se ha advertido durante el intercambio de opiniones.
En este sentido, se ha puesto el foco en la distancia existente entre el registro de un diseño y la posibilidad real de defenderlo posteriormente. "El sistema ha generado una falsa expectativa de protección", se ha señalado, al considerar que durante años se ha insistido en la importancia de registrar las creaciones sin prestar suficiente atención a los problemas que aparecen cuando sus titulares necesitan hacer valer sus derechos.
Las dificultades para actuar contra las copias internacionales
La experiencia de Pikolinos ha servido para ilustrar algunos de estos obstáculos. Su director legal, Carlos García, ha relatado que la compañía detectó en 2022, durante una feria celebrada en Italia, un expositor que comercializaba un producto que consideraba una copia idéntica de uno de sus modelos.
La empresa decidió acudir a los tribunales de Alicante y obtuvo una sentencia favorable. Sin embargo, la resolución no se tradujo en una compensación económica, debido a las dificultades para hacerla efectiva frente a una compañía establecida fuera de la Unión Europea.
"Tenemos sentencia favorable, pero no tenemos ningún resarcimiento", ha explicado García, que ha utilizado este caso para poner de manifiesto las limitaciones de los procedimientos judiciales cuando las infracciones tienen una dimensión internacional.
Además, ha señalado que en 2024 Pikolinos volvió a detectar otro modelo de la misma empresa que consideraba una reproducción de uno de sus diseños. Este segundo asunto se encuentra pendiente de resolución. Durante 2026, la firma ha identificado un nuevo caso, aunque en esta ocasión las dificultades relacionadas con los plazos impidieron completar las actuaciones previstas. "Hay un amplio margen de mejora", ha reconocido el director legal de la compañía.
García también ha advertido de que la expansión de los marketplaces y de sistemas de comercialización como el dropshipping ha abierto nuevas posibilidades de distribución internacional, pero al mismo tiempo ha complicado la defensa de los derechos de propiedad industrial. La necesidad de identificar a los responsables, reunir pruebas y actuar dentro de los plazos establecidos añade dificultades a los procedimientos.
No registrar todo, sino aquello que aporta valor
La mesa también ha permitido conocer las distintas estrategias empresariales para decidir qué diseños deben protegerse y en qué momento del proceso creativo conviene hacerlo.
Desde Pikolinos, Carlos García ha defendido un criterio selectivo. "Soy partidario de no registrar todo. Registramos lo que crea valor", ha señalado, al considerar que las decisiones sobre propiedad industrial deben responder a las necesidades reales de cada compañía.
En este sentido, ha explicado que la protección de los diseños requiere la implicación de distintas áreas de la empresa, desde los equipos creativos hasta los departamentos jurídicos y comerciales. No se trata únicamente de registrar un producto, sino de valorar su importancia para el negocio y las consecuencias que tendría su reproducción por parte de terceros.
García ha advertido, además, de que algunas empresas comienzan a preocuparse por registrar sus creaciones cuando estas ya se encuentran a la venta o incluso después de detectar una copia, una circunstancia que puede dificultar su defensa.
Por su parte, Antonia Pizarro, responsable del departamento de calidad de Rolser, ha reivindicado la importancia de incorporar la protección del diseño desde las primeras fases de desarrollo del producto.
"Somos una empresa pequeña. Siempre hemos protegido diseños", ha explicado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de actuar con cautela antes de hacer públicas las nuevas creaciones.
"Dentro del proceso de diseño está la protección", ha defendido Pizarro, quien ha situado esta cuestión como una parte esencial del funcionamiento de la compañía.
Rolser ha sido, además, reconocida en el marco del congreso por su labor en la protección del diseño, una distinción que pone en valor la estrategia seguida por la empresa para preservar sus creaciones.
El problema de actualizar un diseño propio
Otro de los asuntos que ha generado debate ha sido la protección de las modificaciones y evoluciones de productos ya existentes. Una cuestión especialmente relevante para las empresas que mantienen modelos reconocibles en el mercado, pero introducen cambios periódicos para adaptarlos a nuevas necesidades o tendencias.
José Luis Segura, responsable del departamento jurídico de Actiu, ha participado en el análisis de las dificultades que plantea la protección de los diseños y sus sucesivas actualizaciones, así como de los criterios jurídicos que deben aplicarse para determinar cuándo una evolución puede considerarse suficientemente novedosa.
Durante el debate se ha advertido de una situación paradójica: un diseño anterior de la propia empresa puede llegar a perjudicar la validez de un registro posterior, incluso cuando este incorpora modificaciones desarrolladas por el mismo fabricante.
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Los participantes han planteado la necesidad de revisar cómo se interpretan estos supuestos, dado que la innovación empresarial no siempre consiste en crear un producto completamente diferente, sino también en mejorar y actualizar modelos anteriores.
En este contexto, se ha hecho referencia a los denominados diseños de continuación existentes en Estados Unidos, una figura que permite contemplar determinadas evoluciones de creaciones previas y que no tiene un equivalente directo en el sistema español.
El debate ha puesto de manifiesto que no siempre resulta sencillo determinar qué modificaciones justifican una nueva protección, pero también que la normativa y su interpretación deben tener en cuenta la realidad de las empresas que evolucionan sus productos sin abandonar su identidad original.
Los especialistas han abordado igualmente la relación entre la protección del diseño industrial y el derecho de marcas. En este sentido, se ha recordado que los diseños registrados pueden alcanzar una protección máxima de 25 años, mientras que aquellos elementos que terminan identificándose con una empresa pueden encontrar otras vías de protección a través de su reconocimiento como marca.
Los costes judiciales y las decisiones empresariales
La última parte del debate se ha centrado en los costes de defender los derechos de propiedad industrial y en el papel que desempeñan los abogados internos y externos en estas decisiones.
Los participantes han reconocido que disponer de un derecho registrado no significa que siempre resulte conveniente acudir a los tribunales. Antes de iniciar un procedimiento, las empresas deben valorar sus posibilidades de éxito, los costes económicos, los plazos y las consecuencias comerciales de un eventual litigio.
Desde el ámbito judicial se ha planteado la necesidad de que los abogados comprendan adecuadamente la cultura y los objetivos de las compañías a las que asesoran, para evitar procedimientos que puedan resultar poco útiles desde una perspectiva empresarial.
Los representantes de las empresas han defendido la importancia de contar con asesoramiento especializado, aunque han reconocido que las decisiones no siempre son sencillas. Incluso cuando una compañía considera que tiene razón, el resultado de un procedimiento judicial puede ser incierto y las resoluciones pueden variar entre distintas instancias.
En este contexto, también se ha abordado cómo justificar económicamente la inversión destinada a proteger los diseños. La cuestión, según se ha expuesto durante la mesa, no debe plantearse únicamente en términos jurídicos, sino también desde su contribución al negocio.
¿Cómo ayuda la protección del diseño a mantener las ventas? ¿Qué aporta a la posición competitiva de una empresa? ¿Cómo contribuye a preservar su imagen frente a los competidores? Estas son algunas de las preguntas que deben orientar las decisiones empresariales.
La primera mesa del III Congreso de Diseño ha dejado así una reivindicación compartida: la necesidad de que la protección de las creaciones vaya más allá del registro y ofrezca herramientas eficaces para afrontar las copias, defender la innovación y garantizar que las inversiones de las empresas en diseño puedan preservarse en un mercado cada vez más globalizado.
