ELCHE. Desde 2018 y 2021, el medio municipal Pimesa está aún pendiente de dejar finiquitados varios procedimientos administrativos, ahora judiciales, por problemas en la última hornada de inmuebles de vivienda protegida construidos. En enero de 2021, el Juzgado condenó a Pimesa a abonar casi 300.000 euros por la denuncia de una Comunidad de Propietarios de una promoción de seis edificios. Entonces, la mercantil interpuso a la constructora de la promoción, Construcciones San José, una acción de repetición, un mecanismo legal para que la constructora, quien entendía que era la realmente responsable, le reembolsara esa indemnización. Ahora la empresa municipal replica el mismo proceso con Dragados SA, por otra promoción por la cual su Comunidad exigió, en lugar de una cuantía económica, la reparación de las partes deterioradas.

En este sentido, la acción de repetición es un mecanismo legal que permite a personas o entidades que han pagado deudas o en este caso indemnizaciones, aquí por vía condena, puedan reclamar el reembolso a quien realmente es responsable de la obligación. Es lo que la mercantil municipal entiende de ambos casos. En el primero, de Construcciones San José, seis edificios de la promoción de 144 viviendas (con problemas en la fachada) ubicada en la calle Josefina Manresa-Avenida de Jubalcoy, la acción de repetición se celebró en noviembre de 2024 y se está pendiente de la sentencia.

Hay que destacar que en sendos casos no solo se traslada la responsabilidad a la constructora, también a la dirección de obras y arquitectos implicados en la misma. Si el juzgado entiende que procede dar trámite a este mecanismo, debe dilucidar qué parte proporcional abona cada parte.

Exige el coste de una reparación por la condena de 2021

En el caso actual, por el cual se repite ahora esta misma acción por la vía civil, viene por otra sentencia de un Juzgado de Elche que condenó en 2020 a Pimesa a reparar los daños. Los vecinos denunciaron en 2018 al medio municipal y la Audiencia Provincial confirmó esta sentencia en 2021: debía reparar los defectos de construcción, principalmente fisuras en el ladrillo caravista y humedades en los balcones. Se trata de un edificio de 56 viviendas en la calle José Antonio Cañete Juárez, 39–45, también en Altabix.

La mercantil municipal asumió los gastos totales por unos 235.000 euros, incluyendo la reparación de la fachada (adjudicada a Antilia por 118.000 euros), así como los costes judiciales. Y acordó con los vecinos excluir los balcones a cambio de un pago de 10.000 euros. Las obras finalizaron en junio de 2024, siendo notificadas al juzgado como cumplimiento de la sentencia.

Ahora Pimesa iniciará la acción de repetición judicial contra los agentes intervinientes en la construcción (empresa constructora, proyectistas y dirección facultativa) para reclamarles su responsabilidad por los daños. Para ello ha contratado los servicios del despacho de abogados Antón, Coquillat, Navarro y García por 16.335 euros.