ELCHE. Aunque en octubre de 2025 el equipo de gobierno decidió finiquitar la concesión a la Unión Excursionista por impagos de 40.000 euros, afectada además por la gestión de un tercero, casi un año después, ahora el área de Deportes y la Unidad de Patrimonio del Ayuntamiento tienen que decidir si reabren el expediente de la resolución, ya que este caducó por la lentitud en el trámite. Cuestión por la que se consultó igualmente al Consell Jurídic Consultiu, que según consta en la documentación, parece haber acabado resolviendo sobre la conveniencia de decidir la caducidad de la resolución, y no sobre la resolución en sí, como se planteó en octubre. Con todo, y según apuntan fuentes municipales, la cuestión es que siguen sin cumplir el convenio con el ayuntamiento a nivel deportivo y sin pagar el canon, además de las malas condiciones por las que está dentro la sede junto al polideportivo del Kelme.
En retrospectiva el pasado 23 de octubre se inició el procedimiento para resolver la concesión demanial de uso privativo de una parcela municipal para la construcción y explotación del edificio destinado a centro de entrenamiento de deportes de montaña, por incurrir el concesionario en varias causas que justificaban este extremo. A esa fecha, la Unión adeudaba canon, IBI y suministros de luz y agua desde 2021, por valor de esos 40.000 euros, al menos hasta octubre del pasado año. En julio de 2021 habría entrado la compañía Ilitia Mediterránea, tal y como refleja el boletín del registro mercantil, cambiando además su sede social al Paseo de Montañeros Ilicitanos, 5, junto a la avenida Josefina Manresa, donde se ubicaba la Unión.
Una empresa conocida además por el Ayuntamiento por una situación similar por la gestión de la cantina de la Policía Local y por la que tuvo que rescindir. La firma estaba dedicada a concesiones de cantinas e instalaciones públicas. Se declaró en concurso de acreedores en julio de 2024 tras el incumplimiento de estas concesiones, como ha venido contando este diario. Hasta la fecha de la decisión de rescindir, desde 2021, la misma acumulaba una deuda de 39.626 euros más intereses por el impago anual del canon, por alrededor de 14.000 euros (canon anual entre 3.500 y 3.900 que se ha ido incrementando), deuda del Impuesto de Bienes Inmuebles (12.000 euros) y de pago de suministros de luz, agua y basura desde 2015 (14.000 euros). En 2007 la Junta de Gobierno Local de entonces adjudicó la concesión demanial del uso privativo de esta parcela a la asociación por un plazo de 75 años.
¿Cuál es la situación ahora?
Tras el repaso de la situación, actualmente Deportes y Patrimonio tienen que decidir si se incoa un nuevo expediente para la resolución porque este ha caducado. En retrospectiva, el 23 octubre de 2025 se inició el procedimiento de resolución de la concesión por incurrir el concesionario en varias causas de resolución de conformidad con los motivos señalados. Se le dio a la concesionaria un plazo de diez días para que formule sus alegaciones, con posterior remisión al Consell Jurídic Consultiu (CJC) por las alegaciones y para avalar la ruptura del acuerdo.
Tramitado el expediente indicado y registrada la oposición del contratista, no fue hasta el 4 de junio de 2026 cuando se acuerda solicitar el dictamen del CJC, al tiempo que se declaraba suspender el procedimiento por el tiempo que transcurriera entre la solicitud al órgano valenciano, y la emisión del mismo, hecho que tuvo lugar el 16 de julio. El CJC estimó procedente declarar la caducidad del expediente de resolución del contrato, sin perjuicio de que se pudiera iniciar uno nuevo conservando aquellas actuaciones y trámites realizados se considerasen relevantes.
Así, pasaron 8 meses desde que se acordó la resolución, hasta que se solicitó, en junio de 2026, la emisión del Consell Jurídic Consultiu. Pero pasado el tiempo, el CJC estuvo de acuerdo con lo que solicitó el Ayuntamiento de declarar la caducidad del expediente de resolución; motivo diferente del que se anunció en su día, que era el de la conveniencia o no de la ruptura del contrato. Tras el tiempo pasado, ahora lo que procede sería reabrir el asunto e incoar un nuevo expediente para esa resolución. En cualquier caso el CJC señaló que la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la administración, ni los procedimientos caducados interrumpen el plazo de preinscripción.
Por tanto, la última Junta de Gobierno de julio se declaró la caducidad de la rescisión por lo alargado del procedimiento. Y Deportes y Patrimonio deben tomar una decisión al respecto del reinicio o no de nuevo. Aunque también se plantean otras posibles soluciones a la situación.
