ELCHE. Al equipo de gobierno le seduce la propuesta de desarrollo de vivienda protegida del sector E-13, más conocido como La Puñalá, a pesar de su nombre de Barraques Valencianes, que ha presentado una de las principales compañías urbanizadoras de la ciudad. Sin embargo, desde el departamento de Urbanismo se insta a la promotora a que presente un plan más detallado para poder empezar a trabajar sobre el mismo. Se trata de una apuesta importante ya que implicaría no solo el desarrollo de vivienda protegida (VPP), sino el despliegue de un programa Arru, como el actual de San Antón, lo cual implica que el Ayuntamiento se arremangue seriamente, pero sobre todo la Generalitat, ya que debería intentar absorber fondos del Plan Estatal de Vivienda debido al monto de la actuación, calculado en 44,3 millones de euros.
Así, en Urbanismo confirman que conocen y se les ha presentado la propuesta impulsada por Jubalcoi Empresa Constructora, aunque se mantienen más prudentes sobre el plan. Lo ven positivo y gusta, porque supondría la transformación del sector con una rehabilitación integral, ofreciendo una mejor imagen urbana, acabando con un área degradada y de infravivienda, y con una propuesta también de realojo a los vecinos en uno de los inmuebles. Sin embargo, esperan algo más que un documento esquemático para poder empezar a trabajar sobre ello.
La pelota en el tejado del promotor
Fuentes municipales apuntan a que reciben iniciativas y sondeos constantes en el departamento de Urbanismo o incluso Alcaldía, unas veces para proyectos de envergadura como estos, otros más modestos. Pero que más allá de la presentación de los mismos, después no hay avance. Precisamente en un contexto en el que el sector pide más personal municipal para poder desarrollar más expedientes, y en el que la administración debe escoger cómo distribuir sus recursos.
- Render del sector con una gran zona verde en medio - AP
De ahí que la posición oficial del Ayuntamiento es que por ahora esperan e instan a la compañía a que dé algún paso más con un plan más desarrollado y detallado, si bien la documentación presentada, aunque no es un Documento de Inicio más completo de cara al desarrollo de sectores, sí establece una carta de presentación con los diseños, breve revisión de la situación social, importe calculado y vía de financiación. Esto es, la absorción de los fondos del plan estatal para que como con San Antón, cada parte aporte proporcionalmente. Con la particularidad de que en este caso serían todo para viviendas protegidas y no de renta libre.
En retrospectiva, la catalogación del proyecto como Arru (Área de Renovación y Regeneración Urbana) para que todas sean protegidas, es condición sine quanon para que se pueda desarrollar. La mercantil plantea la regeneración integral del Sector E-13 del Plan General, un ámbito de 187.379 metros cuadrados, con la urbanización completa del sector, el realojo de las familias residentes en las mencionadas condiciones, y la construcción de 1.045 viviendas de protección pública.
Un proyecto de envergadura que precisa de ayudas supramunicipales
El coste total de la actuación asciende a 44,3 millones de euros, de los que 24,6, el 55,5%, podrían ser cubiertos por la subvención estatal-autonómica, quedando el 42,92%, 19 millones de euros, financiado mediante las cuotas de urbanización repercutidas a los propietarios y una aportación municipal en suelo por un valor de 704.700 euros, el 1,58%. El plazo de ejecución previsto es de hasta 8 años.
De esos casi 188.000 metros cuadrados, la superficie construible total es de 120.695 metros cuadrados de techo, de ellos, 108.674 metros residenciales y más de 12.000 de superficie terciaria. Las viviendas potenciales son exactamente 1.054, con una propuesta de más de una decena de inmuebles que podrían ser de hasta una docena de alturas en cinco manzanas. Y se debería proceder a recolocar a los vecinos de las casas, muchas de ellas calificables de infravivienda, aunque es una situación muy diferente, puesto que se han detectado en total unas 59 viviendas, de las que se plantea el realojo en 30 unidades de convivencia.
En cualquier caso, este sería otro Arru, teniendo en cuenta que ya hay uno vigente, por ahora prioritario para el Ayuntamiento, como es San Antón, si bien no tendría por qué ser excluyentes, aunque la Generalitat es la que absorbe los fondos del plan ministerial y decide dónde inyectarlos en todo el territorio valenciano. Es también una actuación de mucha envergadura, pero a priori menos farragosa dado que no hay que realojar a centenares de viviendas ni demoler inmuebles enteros, como es el caso de San Antón. Así pues, ahora el Consistorio traslada la pelota a la compañía.
