ELCHE. El Ayuntamiento sigue inmerso en el proceso de inspección de campas de coches en situación alegal o irregular en el entorno del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. Este martes noche procedía a la clausura de una segunda de 50.000 metros cuadrados en 9 parcelas y con unos 3.500 coches aproximadamente. Una iniciativa que impulsó el pasado mes de abril, con un problema que se lleva arrastrando años, cada vez con más quejas vecinales de pedanías como Torrellano o L'Altet, del entorno del aeródromo, porque con el aumento del turismo también están incrementándose estas campas. La administración local ha clausurado dos, y tiene otras dos en trámite.
En abril, se detectaron más de 100 hectáreas ocupadas de suelo y que se corresponden con 110 campas identificadas. En aquél mes, aunque el Plan General prohíbe estas parcelas para aparcamiento en el entorno del aeropuerto, se aprobó una moción de impulso para modificar el Plan General de forma que se encajen estas iniciativas y se delimiten los requisitos para poder instalarse con garantías jurídicas. El asunto ahora, según indica el alcalde Pablo Ruz, es que la anterior campa clausurada, de algo menos de esos 50.000 metros, se desplegó después de que el Ayuntamiento diera esa moción de impulso para modificar el PGOU.
Y esta segunda precintada el martes noche también decidió ampliar sus instalaciones después del anuncio. Aprovechando el momento antes de que esa regulación finalice, algo que en cualquier caso será lento y para la que no se ha dado plazos. La moción municipal incide en la prohibición actual, y mantiene la suspensión de licencias que lleva aparejada. No es por tanto algo 'cautelar', sino que viene a reforzar temporalmente la normativa hasta que finalice la modificación urbanística.
El juzgado avala la decisión de clausura de las campas
"Queremos que estos usos queden reglados y con garantías", explica el regidor, añadiendo que la decisión de clausura ha sido avalada por un juzgado. La empresa de alquiler de coches solicitó medidas cautelarísimas por vía judicial, pero este en un auto rechazó las mismas, avalando la decisión municipal, y justificando que se utilizaron "criterios públicos, era conocido y es coherente con los fines buscados por la medida". Además, importante, no permite excepciones. Algo que sentará jurisprudencia de cara a procesos similares.
De hecho, la anterior campa clausurada también recurrió la medida de forma infructuosa. El procedimiento actual es que o ingenieros municipales o la Policía Local realizan inspecciones, levantan actas, envían requerimientos a las firmas de las campas, les dan audiencia para que puedan alegar y después recurrir, y finalmente, decretar la clausura. Así ha sido en estos dos casos, "y tenemos dos en marcha muy avanzados", añade Ruz. Son también dos campas de tamaño similar, menores que la de 50.000 metros, pero aún de gran superficie.
- Precintado de la campa - AP
A la espera de modificación de la Lotup, aunque prevalece el PGOU
A día de hoy el regidor señala que la modificación del Plan General está en marcha. E insiste, a pesar de lo que advierten vecinos de las pedanías, que comparecerán esta semana sobre la situación, no habrá "amnistías". El regidor señala que "el Ayuntamiento ganará la batalla contra las campas", y añade que puede que la Lotup, la normativa urbanística valenciana esté ahora mismo en trámite de modificación, ya con anteproyecto, pero independientemente de que pueda o no flexibilizar las Declaraciones de Interés Comunitario (DIC) y las licencias, lo importante es que el Consistorio prohíbe literalmente estas instalaciones a través del Plan General. Y prevalece la normativa urbanística local.
Por lo que aunque se puedan presentar enmiendas al anteproyecto autonómico o que este implique cierta flexibilidad para las instalaciones, la normativa municipal las prohíbe. En todo caso, podrían presentarse con DIC y posterior licencia, como tantos otros proyectos en suelo no urbanizable. Sin embargo, es algo que hasta ahora no ha ocurrido, de ahí la irregularidad de muchas de las instaladas en el entorno aeroportuario. La nueva Lotup podrá presentar unos requisitos generales que luego aterricen los municipios a su realidad.
El departamento de Urbanismo, por ejemplo, se plantea si en lugar de hablar de "parcelas mínimas" para estas instalaciones, no habría que hablar de parcelas "máximas" para evitar que se ocupen grandes superficies. Desde la concejalía se advierte, en todo caso, que tendrían que pasar procesos de alegaciones como la vecinales, y sobre todo, obtener el permiso de la Dirección General de Carreteras, dependiente del Estado.
- Policía Local en la campa de este martes - AP
Retirada de los coches en lotes
Respecto a las campas que se están clausurando y se clausurarán, la Policía está utilizando un protocolo para sacar coches de las campas "por lotes", explica el comisario jefe, César Zaragoza, teniendo en cuenta la fecha de entrega, "y siempre acompañados por la Policía Local". Además se está llegando a acuerdos con fincas de alrededor de los vecinos por necesidad para ir retirando los vehículos. Aunque ese será otro problema, en este caso para las empresas de las campas, el dónde meter los vehículos que tenía aparcados en estas grandes parcelas. En cualquier caso, Zaragoza deja claro que a quien no se puede reprochar es a los usuarios de estos vehículos de alquiler, "que no tienen la culpa de que sea la empresa quien se ha instalado de forma irregular en la zona".
Las que sí tienen cierta implantación jurídica
A día de hoy, se han realizado entre 80 y 85 inspecciones, encontrando la mayoría de ellas algún tipo de irregularidad administrativa, aunque no todas están en la misma situación jurídica. Hay 45 campas anteriores al impulso de la modificación del Plan General, que entonces se permitieron mediante una modificación para permitir negocios en el Camp d'Elx. También 30 instalaciones con licencias provisionales concedidas en el año 2005, y que están siendo revisadas. Pero no son las que están generando problemas. Se remontan a entre 2 y 10 años atrás. Con todo, Ruz ha mostrado su "perplejidad" por el hecho de que a pesar del anuncio de las inspecciones y suspensión de licencias, "se estén alquilando terrenos por 25.000 euros mensuales para estos usos".
