ELCHE. Margalló-Ecologistes en Acció ha presentado varias veces solicitudes de acceso a información clave sobre residuos, calidad de aire y gestión económica, y reclamando el cumplimiento de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados sobre la planta de Els Cremats que pertenece al Consorcio del Baix Vinalopó. Según Margalló, el Ayuntamiento lleva años incumpliendo las obligaciones legales básicas en materia de gestión de residuos mientras que la ciudadanía soporta las consecuencias: "aire contaminado, dinero público mal gestionado y una oportunidad perdida de avanzar hacia una economía circular real y sostenible".
En los escritos (presentados en julio de 2025 y marzo de 2026 en el OMAC) se reclamaba documentación que debería estar disponible públicamente y que el Ayuntamiento tiene la obligación legal de facilitar. Entre las peticiones, destacan el acceso al Plan Local de Gestión de Residuos (obligatorio para municipios de más de 50.000 habitantes, según el Decreto 55/2019 del 5 de abril -PIRCA- y la Ley 5/2022 del 29/2011), e incluido en el pliego de la actual contrata de limpieza, la actualización de la Ordenanza Municipal de Limpieza (aprobada en 2003 y modificada en 2007 pero ya complemento desfasada y ajena a las exigencias normativas actuales, destacan), e información actualizada sobre la calidad del aire alrededor de la planta de Els Cremats, donde el vecindario ha denunciado reiteradamente molestias por olores.
"Todas estas peticiones han obtenido el silencio municipal por respuesta", lamentan, pero las reclamaciones van más allá. Margalló quiere saber cuánto dinero público se ha destinado a enterrar residuos en lugar de reciclarlos, entre 2020 y 2025, cuál es la participación municipal en este consorcio y en qué medida se han cumplido los compromisos de inversión en sensibilización de educación ambiental previstos en el contrato firmado en diciembre de 2020 con las empresas concesionarias Urbaser SA y FCC Medio Ambiente SA.
Críticas por la aplicación del 'tasazo'
A esto señalan que hay que añadir el impacto del llamado "tasazo": un gravamen que teóricamente debería incentivar la separación de residuos en el hogar y reducir el depósito en vertedero. "Pero la aplicación de esta tasa ha generado confusión tanto en el cobro como en las bonificaciones", consideran. Su aplicación, por parte del Ayuntamiento ilicitano, conlleva un serio problema de equidad: "Para rentas medias-altas o negocios consolidados el incremento de la tasa es inapreciable y no genera, por tanto, ningún incentivo real para mejorar la separación de residuos". Inciden en que para hogares con menos recursos o pequeños empresarios con márgenes más ajustados, la misma carga puede ser significativa. "Mientras la gestión en origen no mejore, todo el mundo pagará más sin obtener las reducciones previstas en el impuesto estatal".
El colectivo ecologista considera que el municipio tiene el tamaño y la capacidad para liderar la transición hacia la economía circular en la Comunidad Valenciana. Pero para ello hace falta voluntad política, transparencia y cumplimiento de la ley.
Recuerdan por último que la legislación establece el derecho a saber, a participar y a exigir una gestión eficaz de los recursos comunes. "La respuesta y el compromiso del Ayuntamiento ante estas solicitudes será, en sí mismo, una declaración de intenciones sobre el modelo de ciudad que Elche quiere ser". Y añaden que no es una cuestión menor: el contrato municipal de recogida y tratamiento de residuos supera los 28 millones de euros anuales -uno de los más elevados de la historia reciente del Ayuntamiento- y la ciudadanía tiene derecho a saber si este dinero se gestiona con eficacia, transparencia y pleno respeto a la ley.
