ELCHE. El desarrollo del Sector E-7, donde hoy se ubica el Centro Comercial L'Aljub, va camino ya de treinta años de quebraderos de cabeza por el laberinto urbanístico, judicial y financiero. Lo que comenzó con la aprobación de un Plan Parcial hace casi treinta años, en 1997, derivó en la sentencia judicial del TSJ de noviembre de 2023, declarada firme en febrero de 2024 y que obligó al Ayuntamiento a desembolsar 664.072,47 euros a la mercantil urbanizadora de los terrenos, Cecosa, para luego intentar recuperarlas de unos propietarios que, en muchos casos, ya ni siquiera son los originales. En febrero de este año reclamó a los actuales propietarios una suma superior a los 620.000 euros, además de solicitar a la mercantil 36.000 euros que el Consistorio le abonó indebidamente.

El origen: de la aprobación a la nulidad judicial

En retrospectiva, el 22 de diciembre de 1997 el Ayuntamiento de Elche aprobó el Plan Parcial y el Proyecto de Reparcelación del Sector E-7, designando a la mercantil Erosmer Iberica como agente urbanizador. Sin embargo, la seguridad jurídica del proyecto se desmoronó apenas seis años después, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) declaró la nulidad del acuerdo municipal en 2003, una decisión que fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2008 tras años de recursos.

Para entonces, se había certificado el final de la urbanización para poder dar cabida al centro comercial, pero los entonces propietarios del suelo no pagaron las cuotas, tal y como pedía la empresa urbanizadora, que después instó al Consistorio a que girara dichas cuotas de forma forzosa, pero tampoco lo hizo. En este caso, además, la Justicia recordó que el agente urbanizador "no puede girar cuotas sin acuerdo previo de la Administración". Por lo que la situación se quedó en una suerte de limbo legal, a pesar de no tener responsabilidad en la declaración de nulidad del Programa de Actuación Integrada (PAI) de 2003, y de haber cumplido con su parte.

Para más INRI, la empresa urbanizadora también sufrió transformaciones: en 2007, Erosmer fue absorbida por Cecosa Hipermercados, quien heredó todos sus derechos y obligaciones en el sector. 

El laberinto judicial y unos altos intereses

Tras años y años de reclamaciones de la mercantil por los costes de urbanización ejecutados pero no cobrados, el fallo de 2023 y ratificado en 2024 reconoció el derecho del urbanizador, Cecosa a cobrar 404.237,63 euros por obras pendientes, pero desestimó otra reclamación de más de 681.000 euros por costes suplementarios —la mercantil reclamaba en total algo más de un millón de euros—.

Lo más gravoso para las arcas públicas y eventualmente para los propietarios fue el cálculo de los intereses. Al aplicarse el interés legal desde diciembre de 2006, la deuda creció exponencialmente. En junio de 2024, el Ayuntamiento procedió a pagar a Cecosa un total de 664.072,47 euros (los 404.237,63 euros de principal más 259.834,84 en concepto de intereses), pero que quiere repercutir de forma subsidiaria a los propietarios del suelo, que por diversas circunstancias y tras tantos años, en muchos casos ya no son los originales, sino sus herederos y otros cambios de propiedad.

De fallecimientos y ventas

Así, tras la asunción del Consistorio de la ejecución de la sentencia, hace unos meses el Consistorio activó el proceso de 'repetición', reclamando a los dueños de las fincas el dinero de las cuotas de urbanización que en su día no pagaron. El Consistorio ha elaborado un listado con las cantidades que reclama a los propietarios de una docena de parcelas. Sin embargo, el informe municipal de 2025 y las alegaciones presentadas han revelado un auténtico rompecabezas por la titularidad.

En primer lugar, hay propietarios fallecidos. En uno de los casos, las notificaciones llegaron a personas ya fallecidas, siendo sus herederos los actuales responsables de la deuda. En otros, algunas de las fincas se vendieron, pasando a manos de empresas, una de ellas una estación de servicio. Asimismo, algunos de los propietarios originales demostraron que ya pagaron sus cuotas de urbanización en 2002, manifestando por tanto un error en la liquidación realizada. 

Con todo, ahora el Ayuntamiento, además de ajustar la reclamación a los propietarios con esa repetición, que se cifra en un total de 627.223,33 euros (381.806,64 euros por las cuotas pendientes y 245.416,69 por intereses de demora acumulados) tras depurar los errores en las titularidades y pagos previos.

Abono indebido a la mercantil

Asimismo, la administración local detectó un pago indebido que realizó a la mercantil Cecosa. Al demostrarse que algunos propietarios ya habían pagado a Erosmer en 2002, el Ayuntamiento le ha exigido formalmente a la urbanizadora la devolución de 36.849,15 euros que fueron abonados por error en cumplimiento de la sentencia.

En definitiva, un cúmulo de errores administrativos y lentitud de la justicia que ha dejado a la administración, particulares y empresas en un farragoso y complejo entramado burocrático y judicial de dos décadas, con un bucle financiero por cuya demora los intereses son muy elevados.