ELCHE. Compromís sigue presionando para que la conselleria de Sanitat acceda a la reversión del Hospital del Vinalopó, gestionado por la empresa Ribera Salud, a la sanidad pública. Lo hace en base a criterios económicos, señalando que la empresa sanitaria no está cumpliendo uno de los requisitos que marcó la propia conselleria para prorrogar durante cinco años más la concesión. Según Esteve, además de los 54,3 millones de euros que Ribera debería a la Generalitat Valenciana tras once liquidaciones reconocidas, según sus cálculos, si se incluyen los años 2021 a 2023, "esa deuda asciende a 75 millones de euros, y eso que solo la construcción del hospital costó 85 millones". Esteve sostiene que además del "servicio de calidad" que exigen para los 150.000 pacientes del departamento Elx-Crevillent, "es un muy mal negocio para los pacientes de la comarca".
Desde la formación siguen denunciando opacidad en la gestión de este proceso. Incide el diputado en que los indicacores de salud a los que referenció el conseller Marciano Gómez con el sistema Alumbra no son públicos. El conseller apuntó en su visita a Elche que es un sistema público, pero la plataforma por la reversión recuerda que son solo de acceso para sanitarios con credenciales, por lo que desconfían. Más allá de este indicador sanitario, del que Gómez dijo que si sigue, habría prórroga, Esteve pone sobre la mesa que la empresa no está cumpliendo con los indicadores económicos, y ese es un criterio que puso la propia Conselleria de Sanitat.
Esa deuda en favor de la Generalitat vendría principalmente por aspectos como las derivaciones sanitarias, con pacientes que acaban llevando a centros clínicos privados, "como el caso reciente del IVO" y que "acabamos pagando con las arcas públicas". El diputado subraya que la empresa sobre todo deriva a pacientes de tratamientos caros, como oncología, aunque también hay otros aspectos que suman a esas liquidaciones, como el tratamiento con ciertos fármacos. Y que viene también por la falta de personal el que estos u otros pacientes se deriven a otros centros. Al final, asegura que según sus estimaciones, ese saldo anual es de unos 8 millones de euros, cifra con la que tendría que compensar Ribera a la Generalitat, a quien factura.
Para el portavoz de Sanitat de la formación es además indicativo que "sea el primer año que no le hayan presentado a la Sindicatura de Comptes el informe anual, en este caso de 2024". Y añade que en 2024, solo hasta octubre Ribera Salud perdió nueve sentencias, tres afectaban a este departamento. "No solo no están pagando sino que retiene el pago de liquidaciones, dinero que podría estar yendo por ejemplo, al centro de salud de Crevillent”.
Denuncia de infraestructuras y falta de personal
En este marco, la concejal de Crevillent, Noemí Candela, ha denunciado que “en el centro de salud llevamos más de seis meses con la màquina de Rayos X rota. No hay pediatras, los niños y niñas han de acudir a otros hospitales; las cures se hacen en Urgencias porque no dan citas; no hay hematólogos, no hay neuropediatras... Y tenemos una empresa que litiga para no pagar, para proteger un negocio que juega con la salud de las personas, cuando estos 75 millones tendrían que estar mejorando la salud pública, nuestra salud”.
La portavoz de Elche, Esther Díez,ha sostenido que “miremos al ambito que miremos esta pórroga es insostenible. Ni se gestiona eficientemente el dinero, ni las condiciones del personal, ni la atención a la ciudadanía. Apelamos al alcalde de Elche para que se ponga al lado de la ciudadanía y su reclamación de tener una sanidad pública, que actúe como alcalde y exija a la Conselleria que aclare la situación y ponga medidas para que no haya en esta ciudad ciudadanía de primera, al que va a la pública, o de segunda, a la que le toca el Vinalopó”.
