ELCHE. El juicio contra ocho acusados de prevaricación especial medioambiental por la instalación de chiringuitos y servicios temporales en las playas del Carabassí, en Elche, y la cala de la Ermita del Rosario, conocida como embarcadero de Lucía (Santa Pola), arrancó este lunes después de haber sido suspendido hasta en siete ocasiones desde 2021. Entre los acusados se encuentran el exalcalde de Santa Pola, varios exconcejales de los ayuntamientos de Santa Pola y Elche y cuatro funcionarios municipales. Todos ellos se enfrentan a penas de prisión e inhabilitación para cargo público. Se sientan así en el banquillo el exalcalde de Santa Pola Miguel Zaragoza y los exconcejales de Elche Emilio Doménech, Luis Ángel Mateo y Justino Delgado,

La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados una condena de 12 meses de prisión, multa de 24 meses con una cuota diaria de seis euros y siete años de inhabilitación para desempeñar funciones públicas. El Ministerio Público sostiene que entre 2008 y 2014 se permitió la instalación de quioscos y otros servicios de temporada en zonas de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre sin ajustarse a la normativa de costas, aun cuando existía una autorización previa de la Generalitat que, según la acusación, no amparaba las condiciones concretas de las adjudicaciones realizadas.

En la causa también está personada como acusación particular la Comunidad de Propietarios Carabassí, quien denunció los hechos en su momento por las molestias ocasionadas por el ruido a los vecinos, representada por el letrado Roberto Batllés.

Según el escrito de acusación, los ayuntamientos de Santa Pola y Elche concedieron durante esos años hasta ocho adjudicaciones a empresas “creadas especialmente para estas adjudicaciones y concesiones”, vinculadas entre sí y dedicadas a la hostelería y el ocio. Los autos identifican únicamente a cuatro gerentes vinculados a las sociedades beneficiarias.

La Fiscalía considera que la autorización autonómica se empleó para amparar instalaciones y ocupaciones del litoral que no se ajustaban a las limitaciones establecidas en la Ley de Costas, incurriendo así en un supuesto delito de prevaricación especial medioambiental, que absorbe el de prevaricación administrativa.

En la sesión de ayer, las defensas pusieron sobre la mesa las cuestiones previas en las que pidieron la nulidad de la causa alegando que los delitos habían prescito, en algunos casos, además de indefensión al no haberse admitido algunos de los testigos propuestos por las partes. Unas cuestiones previas que se alargaron durante toda la mañana, por lo que no hubo declaraciones. Finalmente, el magistrado dictó que resolverá estas cuestiones previas en sentencia. Las sesiones continuarán el próximo 11 de noviembre.