ELCHE. La sede de Carmelitas de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche reunió a juristas, abogados y magistrados en la jornada “Hacia un nuevo sistema de los MASC”, impulsada por la Generalitat Valenciana, en un momento clave para el futuro de la Justicia española. Desde el pasado mes de abril, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, acudir a un MASC se ha convertido en requisito previo obligatorio antes de iniciar un procedimiento civil o mercantil. La norma busca reducir la litigiosidad y descargar unos juzgados saturados, pero la pregunta que recorrió la jornada fue clara: ¿podrán los MASC convertirse en vías reales de solución de conflictos o se quedarán en un simple formalismo?
El director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia de la Generalitat Valenciana, Francisco Javier Soler Flores, fue el encargado de inaugurar la jornada, destacando que la Comunitat Valenciana fue pionera en aprobar una norma autonómica de mediación en 2001 y subrayando que la Ley Orgánica 1/2025 supone “un auténtico cambio de paradigma en la concepción de la Justicia”. Para Soler Flores, el reto no es menor: pasar de una cultura de la confrontación judicial a otra de la búsqueda del acuerdo.
El responsable autonómico recordó que en estos primeros meses de aplicación de la ley la Generalitat ha impulsado medidas concretas: incentivos económicos a los letrados que logran acuerdos vía MASC y el refuerzo de la mediación intrajudicial como mecanismo para aliviar la carga de trabajo en los tribunales. “Se trata de demostrar que los MASC no son un obstáculo más en el camino judicial —subrayó—, sino una vía complementaria que, cuando funciona, resulta más rápida, económica y satisfactoria para todas las partes implicadas”.
Un debate sobre eficacia, confianza y riesgos
Tras la inauguración, se abrió un debate plural en el que se cruzaron miradas complementarias sobre los retos de los MASC. La profesora Verónica López Yagüe, de la Universidad de Alicante, insistió en la necesidad de ofrecer incentivos reales a la ciudadanía para recurrir a estas herramientas. En su opinión, la norma española ha nacido como una respuesta “reactiva” a la saturación de los juzgados, mientras que en países como Italia la mediación es obligatoria en determinadas materias (arrendamientos, contratos bancarios, seguros) y eso ha permitido que se consolide como un recurso habitual. “En España todavía falta confianza social y profesional —apuntó— y sin esa confianza, los MASC corren el riesgo de ser percibidos como un trámite vacío que ralentiza más que soluciona”.
Desde la abogacía institucional, la presidenta de la Comisión de MASC del Consejo General de la Abogacía Española, Marta Martínez i Gellida, fue tajante: “los abogados debemos hacer más que litigar”. A su juicio, el nuevo marco legal obliga a los letrados a adquirir competencias en mediación, conciliación y derecho colaborativo para poder ofrecer soluciones ajustadas a las necesidades de los clientes. Pero su intervención también sirvió para alertar de los problemas prácticos que está generando la ley. “Nos encontramos con un auténtico galimatías jurídico —dijo— porque no existe un criterio unificado sobre qué intentos de MASC se consideran válidos”. Citó ejemplos concretos: algunos juzgados admiten la mediación telemática como válida, mientras que otros la rechazan por falta de firma presencial. Esta disparidad, añadió, “genera inseguridad jurídica y erosiona la confianza de ciudadanos y abogados en el sistema”.
La presidenta del Centro de Mediación de la Región de Murcia (CEMICAE), María Dolores Martínez-Mena López, aportó una visión más optimista al recordar que la nueva ley ha servido para unificar bajo un mismo paraguas normativo figuras que hasta ahora se regulaban de forma dispersa. Para Martínez-Mena, esa unificación ofrece claridad y abre oportunidades para que la abogacía se adapte al siglo XXI. “Los MASC son una ocasión para modernizar nuestra práctica profesional —afirmó— y para demostrar a la ciudadanía que existen vías rápidas, seguras y confidenciales que pueden evitar el desgaste de un juicio”.
El debate se enriqueció también con la perspectiva del derecho colaborativo, presentada por Nadia Mesa del Castillo, presidenta de la European Network for Collaborative Practice. Mesa explicó que este modelo, aún incipiente en España, obliga a las partes y a sus abogados a trabajar juntos para alcanzar acuerdos beneficiosos para ambos, sin recurrir a la confrontación judicial. Con experiencia en países como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido, el derecho colaborativo se perfila como un instrumento de futuro. “La Ley Orgánica 1/2025 se adelanta a los tiempos —apuntó Mesa— porque obliga a los profesionales a incorporar nuevas herramientas en su práctica cotidiana, aunque eso suponga salir de la zona de confort del litigio tradicional”.
Desde la judicatura, la magistrada Virginia Miranzo Gambín, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Elche, fue clara: la ley es “el germen del cambio”, pero necesita un acompañamiento decidido. “No todos los conflictos deben acabar en los tribunales”, recalcó, al tiempo que pidió una apuesta firme por la formación y la difusión de los MASC. Para ilustrar la situación, Miranzo aportó un dato revelador: en el primer trimestre de 2025 las demandas civiles y mercantiles aumentaron un 33% respecto al mismo periodo de 2024, pero en el tercer trimestre, ya con los MASC en vigor, descendieron un 41% en comparación con el mismo periodo del año anterior. “Es una tendencia esperanzadora —señaló— aunque todavía es pronto para cantar victoria. Los cambios culturales llevan tiempo y requieren persistencia”.
