ALICANTE. La controversia planteada entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante en torno a la construcción de infraestructuras educativas y sanitarias -con la delegación de competencias sobre el Plan Edificant o la disputa por la cesión de terrenos para nuevos consultorios como campo de batalla- se instala también ahora (en pleno contexto preelectoral) en el terreno de la emergencia habitacional. Los últimos desahucios acordados con aval de los juzgados en viviendas adquiridas por fondos de inversión en barrios como el de Carolinas ha brindado otro motivo de disputa política entre las dos administraciones entre acusaciones de gestión inadecuada por parte de representantes de las formaciones que desempeñan responsabilidades de gobierno o de oposición en las dos instancias.
Las primeras llegaron por parte de los grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) en el Ayuntamiento, quienes se hicieron eco de las quejas de los afectados por los lanzamientos, y por los colectivos sociales dedicados a prestarles ayuda (como el Sindicat del Barri de Carolines), respecto al supuesto retraso en la emisión de informes de vulnerabilidad y en la firma de certificados de emergencia habitacional que deben emitir los servicios sociales municipales en los casos en los que se acrediten problemas de solvencia para disponer de un alojamiento alternativo. Se trata de dos documentos indispensables para que sea la Conselleria de Vivienda, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), la que procure una solución pública, con la provisión de una vivienda social.
La respuesta a esas críticas no se hizo esperar por parte de distintos representantes del equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs). En primer término, fue la edil de Acción Social, Julia Llopis, quien aseguró -en una de sus últimas comparecencias públicas- que ella no daba instrucciones a los trabajadores sociales para que bloqueasen la emisión de esos informes y que, en todo caso, se concedían a quienes los solicitasen de la forma debida, después de comprobar, con las evaluaciones de la situación de esos solicitantes, que cumplían las condiciones requeridas.
Después fue la misma Llopis quien reiteró esa argumentación durante el pleno ordinario de febrero, celebrado el pasado jueves, en el que, además, aseguró que, el día 20 de febrero, se había remitido a la EVha cerca de una veintena de informes en los que se acreditaba situaciones de emergencia y que la entidad autonómica no había actuado. Es más, señaló que ni tan siquiera se había abierto la documentación aportada en el cauce administrativo establecido y llegó a asegurar que, a partir de ahora, se iban a "atragantar" con la llegada de otros informes similares. El mismo alcalde, Luis Barcala, refrendó esa argumentación de retraso en la respuesta autonómica durante el desarrollo del pleno. Y lo volvió a hacer este lunes, en otra comparecencia pública, en la que cargó contra los responsables de la EVha por no haber actuado en todos esos casos y no haber promovido la construcción de vivienda social en la ciudad.
Entre ellos, se encontraba el de una mujer de 72 años, con un hijo discapacitado a su cargo, desahuciada el 1 de febrero de la vivienda en la que residía en régimen de alquiler después de que el fondo propietario del inmueble ( Majoro Reo Spain II) se negase a renovar su contrato.
