ALICANTE. La Autoridad Portuaria coge el testigo en el impulso del centro de congresos de Alicante con la propuesta de dos primeros acuerdos que allanan el terreno para permitir su construcción. Casi en sentido literal. Se trata, en primer término, del inicio de los trámites para modificar una de las normas esenciales que regulan el planeamiento urbanístico en el recinto del Puerto -las Delimitaciones de Usos y Espacios Portuarios (DEUP)- con el fin de permitir la implantación de un edificio de uso público, destinado a acoger eventos y reuniones profesionales, en la explanada de los muelles 7 y 9.

Hasta ahora, en ese espacio solo se contemplan usos vinculados a la actividad portuaria, por lo que el cambio resulta imprescindible para que el inmueble proyectado por el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación pueda tener encaje. Los técnicos del Puerto ya trabajan en esa modificación, después de que el Ayuntamiento haya remitido una primera memoria técnica sobre el volumen y las alturas pretendidas para ese proyecto. 

Así se dará a conocer en el consejo de administración del Puerto, convocado para el próximo viernes, día 10. Y, al tiempo, en esa misma sesión, se prevé aprobar el acuerdo de autorización para que el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, pueda firmar el convenio de cesión del suelo necesario para situar esa infraestructura en favor de la Diputación. 

En principio, el espacio que quedaría en manos de la institución provincial -como responsable de promover la edificación- tendría una superficie de 16.000 metros cuadrados en la confluencia entre los dos muelles. En realidad, el centro de congresos ocuparía solo 5.500 metros de ese ámbito, mientras que otros 2.000 quedarían reservados para el desarrollo del centro operativo del organismo tributario de la Diputación (Suma). Así se concretó, cuando menos, tanto en esa memoria técnica como en la manifestación de interés registrada por Ayuntamiento y Diputación, con la que se avanzaba la intención de optar a esa cesión, el pasado mes de abril.

Por el momento, no ha trascendido el plazo por el que se acordaría la cesión de esos terrenos, aunque todo parece indicar que, como mínimo, la duración del acuerdo tendría una vigencia de 30 años, sujeta al menos a una posible renovación posterior.

Ese acuerdo supone el primer espaldarazo real a la construcción del edificio congresual, sobre el que hasta ahora solo se ha contemplado la consignación de las primeras partidas presupuestarias en las cuentas planteadas por el equipo de gobierno de la Diputación (PP y Cs).