ALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante redobla la fiscalización sobre el desarrollo de las obras del Centro de Inteligencia del Agua (CIA) en las antiguas dependencias de bomberos de la calle Italia, como proyecto asociado a la estrategia municipal de diversificación del modelo productivo local, Alicante Futura. Lo hace con el registro de una denuncia en Fiscalía en el que se solicita que se dilucide si la ejecución de esas obras puede ser constitutiva de una infracción urbanística que conlleve la comisión de un delito de prevaricación administrativa, en la medida en que dicho proyecto pretende conferir un uso de carácter administrativo al edificio, a pesar de que la parcela sobre la que se asienta tiene la calificación de dotacional educativo en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Así lo ha sostenido la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, tras la presentación de la denuncia, menos de un mes después de que se elevase un escrito dirigido al alcalde, Luis Barcala, en el que se instaba a acordar la paralización de las obras para impulsar la modificación puntual del PGOU que, según defienden los socialistas, resulta preceptiva para que pueda desarrollar el uso pretendido con el CIA: un proyecto al que seguirá la creación de un hub empresarial y de un espacio de coworking en una segunda fase.

En esta línea, Barceló ha insistido en que el PP, con su alcalde al frente, "no tiene carta blanca para hacer lo que le dé la gana en la ciudad". "No se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía ni impedir un debate necesario sobre la idoneidad de destinar esta reserva de suelo a la construcción de un centro educativo", ha insistido, al subrayar que el cambio de uso promovido con el inicio de los trabajos de remodelación del inmueble no se ha sometido a ningún tipo de acuerdo político en el que pudiesen intervenir el conjunto de representantes políticos y que tampoco ha existido participación pública al respecto.

Barceló ha explicado que el PSOE, en su labor de fiscalización, detectó que el proyecto que se está ejecutando para construir dependencias administrativas "no es compatible con el uso del suelo que determina el Plan General". Es más, como la misma Barceló ya apuntó en septiembre, así lo advirtió un informe técnico del Departamento de Obras del propio Ayuntamiento, "que alertó de que no se podía ejecutar este proyecto en dicho emplazamiento. Aún así, el equipo de gobierno del PP siguió hacia adelante".

De ahí que, tras constatar que las obras siguen en marcha, y que no se ha facilitado ninguna aclaración pública, a pesar de las explicaciones ofrecidas por la edil de Empleo y Educación, Mari Carmen de España, se ha promovido el registro de la denuncia contra los miembros de la Junta de Gobierno que aprobaron la adscripción de uso de la parcela a la Agencia de Local de Desarrollo en el pasado mandato y, asimismo, contra los actuales integrantes de este órgano, que aprobó el proyecto de obras. "Todo ello mientras existía un informe técnico en contra", según insiste el PSOE.

"Ante la gravedad de lo que está ocurriendo, pues tenemos la firme convicción de que se han saltado la legalidad, hemos denunciado los hechos en la Fiscalía Anticorrupción. Creemos que se ha cometido una infracción urbanística grave que puede ser constitutiva de un delito de prevaricación. Es necesario que se investigue y, si es necesario, se depuren responsabilidades", ha aseverado Barceló.