ALICANTE. No es ningún secreto: el incremento del precio de la luz también supondrá un quebradero de cabeza para el conjunto de las administraciones públicas, obligadas a adaptar sus previsiones económicas en los presupuestos de 2023 para sufragar los costes energéticos. Y el Ayuntamiento de Alicante no será ajeno a ello. De hecho, ya ha trascendido el importe de la reserva que se pretende destinar a cubrir ese gasto: nada menos que una suma inicial de 20 millones, que podría llegar a incrementarse con suplementos de crédito en el caso de que se registren nuevas fluctuaciones a lo largo del ejercicio.

En cualquier caso, esa provisión no es una cifra menor. De hecho, casi llega a triplicar el importe reflejado en las cuentas de este año. En el presupuesto de 2022, se destinaron 7 millones para sufragar costes energéticos derivados del funcionamiento del alumbrado público, con lo que se espera que la partida crezca hasta un 185%. Lo cierto es que ese aumento ya está afectando a los balances municipales de este último tramo del año. Tanto que se habría producido una desviación al alza de 4 millones en la factura de los tres últimos meses respecto al importe que se había presupuestado para ese periodo, según fuentes municipales. 

De ahí que el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), siga sondeando alternativas con el propósito de lograr una posible rebaja de tarifas por el suministro. Como ya ha informado este diario, al margen de adherirse al acuerdo marco a negociar por la Diputación, PP y Cs también estudian la posibilidad de sumarse al convenio que se pueda cerrar a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Y, al tiempo, también se estaría realizando una consulta de mercado con la posibilidad de llegar a un contrato particular específico para el ayuntamiento de la capital.