El PP de Elche pedirá la reprobación del alcalde por vulnerar los derechos de oposición

ELCHE (EFE). El grupo municipal del PP de Elche presentará una moción en el pleno ordinario del próximo lunes para pedir la reprobación del alcalde socialista Carlos González después de ser condenado el ayuntamiento en sentencia por vulnerar los derechos de los populares ante la negativa a entregarles el informe jurídico sobre el Mercado Central.

El portavoz adjunto del PP, José Navarro, ha explicado que esta reprobación se sustenta en la "falta de transparencia y opacidad" con el PP.

Navarro ha indicado que el ayuntamiento "tiene la obligación de reprobar cualquier actitud que vaya contra la transparencia" y "de rechazar cualquier ejercicio, por parte de cualquier representante público, que infrinja los derechos del resto de miembros".

En rueda de pena, el portavoz adjunto del PP ha opinado que el alcalde ha querido "dar un golpe" al funcionamiento democrático de la ciudad ilicitana y ha señalado que los grupos políticos deben "impugnar, censurar y reprobar esa forma de entender la política" y pedir que el propio Carlos González "pague de su bolsillo la condena".

Además, ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas a rechazar estas "prácticas caciquiles" y frenar el intento del PSOE "de normalizar la vulneración de los derechos como representantes públicos".

El proyecto del Mercado Central fue adjudicado en la legislatura 2011-2015 gobernada por el PP, incluye la construcción de un nuevo edificio con un aparcamiento subterráneo, lo que ha provocado las críticas de colectivos ciudadanos y partidos políticos, que apuestan por la rehabilitación del inmueble.

En noviembre de 2019, la Junta de Gobierno aprobó encargar a los departamentos de Urbanismo y Contratación el inicio de los trámites del expediente de resolución del contrato del Mercado Central con la mercantil Aparcisa, tras la aparición del acceso al refugio de la Guerra Civil en el subsuelo del edificio de abastos.

Los populares rechazaron la rescisión del contrato y consideraron que esta ruptura con la empresa adjudicataria supondría una indemnización millonaria que "deberían pagar todos los ilicitanos".