ALICANTE. El desarrollo del sector urbanístico de Pino y Ruaya, la gran bolsa de suelo comprendida entre Vistahermosa y Santa Faz en la que se daría cabida a cerca de 2.300 viviendas, vuelve a primera línea del debate municipal a cuatro días de que se celebren las elecciones del 26 de mayo, y a unas dos semanas de que tome posesión el nuevo Consell. No es un plan cualquiera, por sus dimensiones. Y tampoco es precisamente anecdótico el momento en el que vuelve a exponerse ante la opinión pública, dado el enfrentamiento entablado entre el Ayuntamiento y el Gobierno autonómico el pasado octubre sobre los términos en los que el pleno municipal asumió la ejecución de una sentencia del TSJ, dictada en 1992, en la que se reconoce a ese sector la condición de suelo urbanizable.
El plan vuelve a escena después de que el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, haya dado a conocer, este miércoles, la existencia de una propuesta de convenio urbanístico entre los propietarios del suelo y el Ayuntamiento por la que se trata de canalizar la modificación del Plan General (PGOU) que resulta necesaria para la urbanización del sector. Se trata, en suma, del paso lógico y correcto requerido para que ese plan pueda desarrollarse, ya que en la actualidad las 47 hectáreas de superficie que engloba no están incorporadas al planeamiento en vigor. O lo que es lo mismo, el sector oficialmente no existe y no tiene cabida si no se aprueba la necesaria modificación para incorporarlo.
Como publicó este diario, los propios impulsores del Plan Parcial, agrupados en la sociedad Lomas del Pino SL, ya anticiparon en enero que la firma del convenio urbanístico debía ser el siguiente acuerdo a adoptar para dar encaje oficial al desarrollo del sector, después de que el Ayuntamiento asumiese el acuerdo de ejecución de sentencia, en octubre.
De hecho, fueron los mismos promotores quienes elevaron al Ayuntamiento su propuesta de convenio, el pasado noviembre, en base a los términos del acuerdo de pleno. En dicho acuerdo se asignaba a la ficha urbanística del sector de Pino y Ruaya unos parámetros de edificabilidad similar al de los sectores colindantes: un máximo de 50 viviendas por hectáreas. Dicha densidad se concedía a título orientativo, ya que todo quedaba supeditado a la tramitación de la modificación del PGOU posterior a la que se debía dar curso.
En todo caso, la Dirección General de Ordenación del Territorio consideró que el Ayuntamiento se extralimitaba en esa parte del acuerdo, puesto que, en opinión de sus técnicos, no era un aspecto al que se obligase en la sentencia. Además, se alegaba que con la aplicación de esa densidad se estaba invadiendo competencias urbanísticas que corresponden a la Generalitat. Así, conminó al Ayuntamiento a rectificar ese acuerdo de pleno, (aprobado por PP, PSPV-PSOE y Cs, con la abstención de Compromís y de los dos ediles no adscritos, y el rechazo de Guanyar). Sin embargo, el equipo de Gobierno, del PP, mantuvo la vigencia de ese acuerdo al considerar que el conflicto residía en una diferencia de interpretación técnica. Así, animó a la Generalitat a resolver la disputa en la jurisdicción contenciosa.
