ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, ahora compuesto por el Partido Popular (PP) en solitario tras las elecciones del 28 de mayo, maniobra para cumplir uno de los compromisos de campaña deslizados por su candidato y alcalde, Luis Barcala: la aprobación de los presupuestos municipales en plazo para no perder capacidad de ejecución.
Se trata de uno de los principales objetivos pendientes desde que el PP recuperase el gobierno de la capital en abril de 2018 que, pese a las promesas precedentes, no se ha llegado a alcanzar en los cinco años de mandato arrastrados desde entonces, tras la irrupción de distintas circunstancias. Entre ellas, la crisis de la covid, el agujero inesperado por la anulación del método de cálculo de las plusvalías, el incremento de costes energéticos o la simple necesidad de negociación política. Y en este último caso, no solo con los grupos políticos de la oposición, sino también en la perspectiva interna, entre los dos socios que constituyeron el primer bipartito de centro derecha de la historia democrática de la ciudad (PP-Cs) entre 2019 y 2023.
El propio primer edil citó la necesidad de atajar esos retrasos como una de sus prioridades políticas en el caso de retener la vara de mando tras los comicios de mayo, como así acabó sucediendo. El reto, según anticipó en una entrevista concedida a este diario antes de los comicios, consiste en poder disponer de los presupuestos en vigor con el inicio del año natural, el próximo enero, para no perder meses de capacidad de desarrollo de esas previsiones. Es lo que ha venido sucediendo de forma recurrente en 2020, 2021 y 2022. Y, al tiempo, lo que acabó provocando que en alguno de esos ejercicios se alcanzasen porcentajes de ejecución del 32% en lo que respecta a las inversiones planificadas (como sucedió en 2021). En 2022, ese porcentaje se elevó al 67,5%, pero se redujo al 62% por lo que respecta a la ejecución del conjunto del presupuesto (el peor dato desde 2016), según quedó reflejado en el informe de liquidación emitido por Intervención.
Por lo pronto, el departamento de Economía y Hacienda viene trabajando en esa nueva propuesta de planificación económica para 2024 prácticamente tras la constitución de la nueva corporación, desde finales del mismo mes de junio, después de que PP y Cs no tuviesen la capacidad de convencer a los cuatro grupos que conformaban la oposición en el mandato precedente (PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox) para sacar adelante las cuentas de 2023 y se viesen forzados a gestionar este ejercicio con las cuentas de 2022 prorrogadas.
Más de dos meses después, ese trabajo estaría razonablemente adelantado, según precisaron fuentes municipales, con la programación de la previsión de ingresos y de los gastos fijos, entre los que se incluyen los costes salariales, los costes derivados de consumos energéticos (que se esperan moderados respecto a los previstos en 2023) y los gastos asociados al funcionamiento de los servicios municipales (transporte público, limpieza viaria y recogida de residuos, limpieza de edificios públicos, mantenimiento de zonas verdes...). Además, el área de Economía y Hacienda que coordina el edil Toni Gallego ya habría remitido a cada departamento una plantilla base con los recursos habituales precisados año tras año por cada una de ellas, y con las necesidades perfiladas en común como objetivos para este primer año del nuevo ciclo de gobierno, con el requerimiento de que cada uno de los responsables políticos de cada concejalía completase ese documento con otras posibles demandas que no estén ya contempladas de antemano.
Borrador a finales de septiembre
Esa labor de formalización de demandas adicionales debe quedar concluida el 8 de septiembre con el fin de que los técnicos de Hacienda puedan abordar y pulir esas necesidades hasta cerrar un borrador de presupuesto a finales de ese mes. A partir de ahí, se iniciará la tramitación habitual de recopilación de posibles aportaciones de los cuatro grupos opositores actuales (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) para su aprobación en Junta de Gobierno, comisión de Hacienda y pleno. Si es posible, incluso antes de diciembre para que las cuentas -en el caso de que queden aprobadas- queden expuestas al público para la presentación de alegaciones y puedan entrar en vigor a principios de enero.
Todo parece indicar que el PP tendrá que afanarse en buscar apoyos para conseguir ese fin, ya que continúa gobernando en situación de minoría, con 14 concejales en una corporación de 29 ediles. Al margen de los resultados de la hipotética negociación que pueda entablarse con el conjunto de los partidos opositores, en esta ocasión, los populares podrían volver a contar con el respaldo de Vox, como sucedió con los tres presupuestos precedentes (2020, 2021 y 2022), toda vez que ahora el partido de ultraderecha que preside Santiago Abascal es, además, la formación aliada con la que el PP comparte responsabilidades en el gobierno de la Generalitat. Con todo, está por ver si llega a reproducirse el distanciamiento que se escenificó en la negociación sobre las cuentas no aprobadas de 2023, en las que Vox anticipó su rechazo con el argumento de que no podía respaldar la incorporación de inversiones ligadas a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
