ALICANTE. La crisis del coronavirus ha destapado un dilema al que cada institución le está dando una solución con muchos matices: el de las obras públicas que promueven las administraciones y, por este extensión, la propia construcción privada. Ante tal dilema, la Federación de Obras Públicas de la provincia de Alicante (FOPA) ha logrado que la Subdelegación del Gobierno certifique que las obras pueden mantener su actividad siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto que justifica la declaración del Estado de Alarma.
De acuerdo con lo trasladado por la propia Subdelegación, y avalado así por FOPA, las obras pueden continuar cumpliendo medidas de higiene, salud y distancias de seguridad". Según ha comentado el presidente de FOPA, Javier Verdú, desde el lunes, el 98% de las obras de la provincia de Alicante están en marcha y si hay alguna que se ha paralizado es por discrepancias con las medidas de seguridad que se han esclarecido al momento.
Sin embargo, este miércoles, dos de las principales instituciones públicas, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Alicante, ambas gobernadas por el PP en coalición con Ciudadanos, han dado dos versiones diferentes sobre si deben continuar las obras públicas o deben paralizarse.
Así, el Ayuntamiento de Alicante ha dejado la decisión en manos de las empresas y para facilitar la decisión ha suspendido los plazos para que las empresas puedan implementar las medidas de seguridad que consideren oportunas. En teoría, según FOPA, la falta de medidas sanitarias sería puntual, pues la mayoría de los proyectos adjudicados están en marcha. La medida, aprobada por decreto de Alcaldía, pasa la pelota a las empresas: la medida trata de respaldar las decisiones que tomen las empresas en atención a la protección de sus plantillas suspendiendo los plazos contractuales de ejecución de obras públicas municipales en los supuestos en que las adjudicatarias así lo soliciten. La suspensión de los plazos contractuales se adopta inicialmente por un periodo de 30 días que -no obstante- podrá ser prorrogado si continúa la situación de emergencia.
