BENIDORM. Una nueva sentencia recala sobre los terrenos de Serra Gelada. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante ha desestimado el recurso interpuesto por el empresario Antonio Manuel Puchades contra el acuerdo de pleno que declaraba como nulo el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y los propietarios de suelo en la zona afectada por su protección posterior. Una sentencia que dista de lo que se ha dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reconoce el derecho a indemnización. Según ha podido saber este diario, el mismo Juzgado de Alicante se ha pronunciado con igual resultado frente a la denuncia presentada por Murcia Puchades Expansión y Atricap Investment SL en una sentencia paralela del mismo día.

Como se recordará, los dueños de estos terrenos firmaron en 2003 un acuerdo con Vicente Pérez Devesa de alcalde, y fue prorrogado ya con el gobierno de Agustín Navarro en 2010 y 2013. De este modo, trataban de dar respuesta a una situación sobrevenida por el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que declaraba Serra Gelada como parque natural y, por tanto protegido desde 2005. En este convenio el Ayuntamiento establecía las compensaciones por no poder edificar en sus parcelas, tanto en aprovechamiento en otros planes urbanísticos, como económicamente.

Transcurridos los plazos, se han sucedido una serie de demandas en los juzgados que continúa a día de hoy con dos fallos importantes. Por un lado, en mayo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) revocó la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante que desestimaba el recurso interpuesto por otro de los empresarios, Quico Murcia Puchades. Así, argumentaban que no se había cumplido con el convenio, caducado desde 2018, y se le reconocía el derecho a indemnización por valor de 283 millones de euros, más intereses, cifrados en 50 millones de euros. Una sentencia que ha sido recurrida por parte del Consistorio. Por otro lado, está la nueva sentencia dictada el pasado 20 de septiembre, a la que ha tenido acceso este diario, en la cual el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante vuelve a dar la razón al Ayuntamiento al considerar que el convenio es nulo. Contra esta todavía cabe recurso de apelación.

Como ha venido relatando este diario, el PP comenzó la revisión de oficio de este convenio en 2021 y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) avaló la nulidad del acuerdo. Así, en noviembre de 2022 se aprobó por el pleno con el voto a favor de los populares y la abstención de PSOE y Ciudadanos.

Derechos urbanísticos no adquiridos

Este acuerdo es el que ha sido recurrido por parte de Antonio Manuel Puchades defendiendo su derecho a ser compensado en base a este convenio. En esencia, el demandante asegura que los terrenos se encontraban urbanizados y tenían consideración de suelo urbano consolidado. Así, aseguraban tener en consecuencia todos los derechos urbanísticos adquiridos y si se consideraba lo contrario, era por causas imputables al Ayuntamiento.