ALICANTE. El complejo judicial comprometido por la Generalitat para ordenar y aglutinar las distintas sedes judiciales repartidas en Alicante comienza a cobrar forma con la licitación de las obras de la denominada Ciudad de la Justicia: un edificio para el que se prevé una inversión de 85,6 millones ubicado en el solar del antiguo cuartel militar de San Fernando, frente a las dependencias del actual Palacio de Justicia de Benalúa.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, han presentado este lunes las líneas centrales del proyecto, en el que han anunciado que se dedicará a la memoria del juez alicantino, Rafael Altamira, cuando se cumple "un siglo desde que este humanista y pacifista luchase por la constitución de la Corte Permanente de Justicia Internacional", según ha ensalzado el jefe del Consell.

Tanto Puig como Bravo han insistido en que la construcción de la Ciudad de la Justicia es "era una deuda histórica" con Alicante, la única capital de provincia de la Comunitat que todavía no disponía de una sede judicial capaz de ordenar los órganos de administración de justicia, que se trata de saldar ahora con la que representa "la mayor inversión de la conselleria de este mandato". En esta línea, ambos han agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Alicante por participar en el impulso del proyecto, al haber facilitado la modificación del planeamiento urbanístico municipal que resultaba necesaria para posibilitar su construcción. Y, sobre todo, para que se pudiese contar con un inmueble con la capacidad y las dimensiones requeridas para albergar todos los órganos de administración de justicia hasta ahora repartidos en ocho dependencias distintas.

En principio, está previsto que las obras se adjudiquen este verano, de modo que su ejecución se pueda iniciar en una fecha todavía por concretar en el último trimestre de este año, pese a que, a lo largo del mandato, se llegó a anunciar su ejecución para mediados de 2021. No obstante, los últimos ajustes introducidos en el proyecto, sobre todo, para ampliar sus dimensiones y dar encaje a las dependencias del Instituto de Medicina Legal (IML), como informó Alicante Plaza, habrían demorado la convocatoria del concurso para encomendar su construcción hasta ahora.