ALICANTE. El sector urbanístico de las fincas Pino y Ruaya, con una superficie de 40 hectáreas entre Vistahermosa y Santa Faz, provoca otro sonoro encontronazo entre el Consell (compuesto por PSPV y Compromís) y el Ayuntamiento de Alicante (ahora gobernado por el PP en solitario). Y, esta vez, el nuevo choque entre administraciones (que se suma a episodios como el conflicto de la oficina turística del Puerto, la controversia sobre la tasación del Teatro Principal, la exigencia de colegios o de centros de salud, o la reclamación de más inversiones autonómicas en la segunda ciudad de la Comunitat) va camino de enfrentarlas ante la justicia salvo que se produzca la corrección que el Consell reclama sobre ese sector urbanístico y que el Ayuntamiento se niega a a ejecutar. 

El motivo de esta última disputa es, precisamente, el acuerdo impulsado por el equipo de Gobierno que preside el popular Luis Barcala para acatar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de 1992, en la que se obliga a reconocer "a dichas fincas la calificación de suelo urbanizable no programado". Dicho acuerdo fue aprobado en el pleno ordinario de octubre de este año, con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos (19 síes) sobre la base de los dictámenes jurídicos de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo y sin que ningún otro jurista municipal apuntase ninguna otra objeción.

En efecto, con ese acuerdo se reconocía el suelo de ese sector como suelo urbanizable y, al tiempo, se establecían "sus condiciones urbanísticas, a los meros efectos de ejecución de sentencia y sin perjuicio de lo que resulte del desarrollo urbanístico adaptado a la legislación vigente". Y se añadía: "De este modo, resulta que a las fincas se les reconoce una superficie de aproximadamente 47 hectáreas con una superficie de suelo urbanizable, un uso predominante residencial y una edificabilidad máxima de 50 viviendas por hectárea".

La edil de Urbanismo, Mari Carmen de España, explicó entonces al exponer el acuerdo que, en realidad, el desarrollo concreto sobre las condiciones urbanísticas del sector quedarán supeditadas a la aprobación de la correspondiente modificación del Plan General en el futuro, sin que se reconozca ningún derecho concreto. 

Sin embargo, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, alertó precisamente de todo lo contrario. Como publicó Alicante Plaza, el líder de la plataforma electoral liderada por EU recalcó que en la propuesta planteada, se excedía de los términos a los que obligaba la sentencia, en la medida en que, a su juicio, ese fallo sólo preveía "que el sector se clasifique como urbanizable, pero no obliga a que se defina como residencial ni a que se fije su edificabilidad, con una densidad de 50 viviendas por hectárea, como se plantea en el acuerdo". Eso suponía, según concretó, la posibilidad de que se construyan 2.350 viviendas.