ALICANTE. El proyecto que pretendía convertir la primera planta de la antigua estación de autobuses de Alicante en Centro de Coordinación Local de Emergencias queda temporalmente en el aire. El actual equipo de Gobierno, del PP, tendrá que decidir cuál puede ser el uso definitivo de ese espacio a la vista de un informe técnico en el que se deja constancia de que el edificio, construido en 1953, presenta riesgo de vulnerabilidad sísmica puesto que no cumple la norma de construcción sismorresistente. O lo que es lo mismo, que no está construido a prueba de terremotos: algo que podría resultar paradójico e inapropiado para ubicar unas instalaciones que deben estar operativas, precisamente, para organizar una respuesta ante ese tipo de situaciones (entre otras).

Lo cierto es que dicha regulación constructiva específica frente a los seísmos se aprobó en el año 2002 por lo que resulta materialmente imposible que un edificio que se diseñó y se levantó 49 años antes se ajuste a sus directrices. De hecho, según confirmaron fuentes municipales, por esa misma circunstancia, no existe obligación legal de que el inmueble cumpla con esa norma. Sin embargo, el gabinete que coordina el popular Luis Barcala estaría meditando ahora si resulta conveniente que el espacio acabe teniendo el uso pretendido y planificado desde 2017, durante la etapa de Gobierno del ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), después de que incluso se debatiese sobre su posible uso como sede de un espacio coworking de la mano de la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Las obras de rehabilitación de esa planta superior están ya finalizadas y listas para que se le dote del equipamiento interno: sistemas de comunicaciones, mobiliario, etc. Los trabajos se licitaron en julio de 2018 -ya con el PP en el poder-, como inversión financieramente sostenible con el remanente del presupuesto de 2017. El concurso partió con un presupuesto de 1,5 millones y se adjudicó a Orthem por un precio final de 1,1 millones (IVA incluido).