ALICANTE. El último proyecto del centro de congresos de Alicante echa a andar en un segundo documento oficial. El Ayuntamiento y la Diputación firmaron este lunes el convenio de colaboración con el que ambas administraciones comprometen su participación en el impulso de la infraestructura. La rúbrica llega casi un año después de que sus respectivos titulares, Luis Barcala y Carlos Mazón (ambos del PP) registrasen una manifestación de interés para optar a la concesión de la explanada de los muelles 7 y 9 del Puerto con la intención de situar allí ese centro de congresos, junto al nuevo centro operativo de Suma (el organismo tributario de la Diputación).

Los términos de ese protocolo de colaboración ya se dieron a conocer este mismo lunes, para confirmar las líneas centrales que se habían venido avanzando hasta ahora. En función de ese acuerdo, la Diputación se compromete a aportar dos tercios de la inversión requerida para la ejecución de las obras y a impulsar los procesos de licitación para la redacción de su proyecto y para su construcción. El ayuntamiento, por su parte, queda obligado a asumir el tercio restante del coste de la infraestructura, para la que se calcula una inversión de 50 millones. Además, ambas administraciones conciertan la constitución de un consorcio público o de colaboración público-privada como instrumento encargado de asumir la gestión y explotación de las instalaciones, una vez construidas, con el reto de que su actividad llegue a duplicar el impacto que el sector de los congresos y las reuniones profesionales venía generando en la ciudad hasta antes de la irrupción de la pandemia. Ese rédito se calcula en torno a los 22,5 millones, de modo que se pretende que esa cifra llegue a situarse entre los 40 y los 50 millones.

Al margen de ello, con la firma del convenio se anticipó cuál debería ser el calendario estipulado para que el proyecto acabe convirtiéndose en realidad, después de varias tentativas fallidas en emplazamientos como las faldas del Benacantil o el barrio de Sangueta. En principio, el objetivo es que las obras puedan iniciarse durante la primera mitad de 2023, a las puertas de las próximas elecciones municipales. Para llegar a ese momento, se prevé que la Diputación convoque en el margen de los dos próximos meses un concurso internacional de ideas para adjudicar la redacción del anteproyecto del edificio: el primer proyecto básico en el que no solo se contará solo con un simple boceto, sino con un esqueleto técnico completamente definido sobre su diseño. 

El departamento de Arquitectura de la institución provincial ya tiene el pliego de condiciones prácticamente listo para que pueda acordarse su convocatoria en el momento en el que obtenga el visto bueno de la comisión técnica y de la comisión institucional prevista en el convenio, a conformar en un plazo máximo de un mes entre representantes de distintas áreas del Ayuntamiento y de la Diputación (entre ellas, las de Urbanismo, Turismo, Presidencia y Arquitectura, por ejemplo). En ese pliego se incluyen las características que debe reunir el futuro edificio, para el que se aspira a lograr un diseño arquitectónico icónico que sirva como emblema de Alicante, a partir de los parámetros ya delimitados en los estudios previos que se han elaborado hasta ahora. 

El propio convenio de colaboración rubricado este lunes detalla que el edificio se asentará sobre una superficie de 20.000 metros cuadrados comprendida entre los muelles 7 y 9 de la que se prevé disponer en régimen de concesión por un plazo de 50 años, en el momento en el que quede aprobada la modificación del Plan Especial del Puerto y de las Determinaciones de Uso y Espacios Portuarios (DEUP) que permitan darle encaje. Se trata de dos documentos que ya están en fase de tramitación, como viene informando Alicante Plaza.