VALÈNCIA. Por los pasillos de la Conselleria de Educación empieza a ser palpable el cansancio acumulado en la tercera semana de huelga indefinida. Salarios, ratios, burocracia… Todo se negocia punto por punto con idas, venidas y recesos de los que depende el enésimo giro en el rumbo negociador. El departamento que encabeza Carmen Ortí quiere firmar por separado cada punto de las negociaciones, lo que permite anunciar a bombo y platillo cada "microacuerdo" alcanzado. STEPV, CCOO y UGT, por su parte, prefieren "no segmentar" y abogan por consultar al profesorado antes de poner cualquier rúbrica en un documento. Con ello, los agentes implicados defienden estrategias antagónicas y miden su desgaste en una negociación que se enroca: tras 12 días lectivos de huelga, la gran mayoría de los puntos siguen pendientes de un entendimiento que permita avanzar en la resolución del conflicto.

La de este martes fue otra jornada maratoniana: las cuatro horas y media que duró el encuentro permitieron navegar entre la bronca sobre el acuerdo salarial, el desencuentro en torno a las ratios, la cercanía en burocracia y la expectación en infraestructuras. Esta vez no hubo firma de ninguno de los puntos: hubo entendimiento sobre burocracia, pero la consulta previa al profesorado reclamada por algunos sindicatos impide a estas organizaciones pronunciarse en un sentido u otro cuando se termina de negociar uno de los puntos. De hecho, STEPV, CCOO y UGT coincidieron en rechazar la fórmula de "microacuerdos" porque, a su juicio, "una cosa es trabajar y avanzar punto por punto y otra firmas parciales". Dado el escenario, Educación emplazó a las cinco organizaciones sindicales a una nueva reunión este miércoles a las 09.30h donde deberán pronunciarse sobre la reducción de carga burocrática y en la que se espera que avancen las conversaciones en infraestructuras y plantillas.

La hora elegida para esta nueva mesa no es baladí: será a las 09.30h, apenas hora y media antes del inicio de una manifestación que arrancará su recorrido desde la Plaza San Agustín, a unos 2,5 km de la sede de la Conselleria en el barrio de Campanar. El movimiento no pasó desapercibido entre las filas de los sindicatos que secundarán la protesta, pues implica que sus líderes no puedan acudir al inicio de la manifestación al estar inmersos en las negociaciones. Las organizaciones implicadas replicaron a esta decisión de la Conselleria cambiando el recorrido de la manifestación para que culmine en las puertas de la sede de Educación. De esta manera se espera que, hacia el mediodía, haya una concentración multitudinaria de manifestantes en las puertas de este enclave.

CSIF, que forma parte del comité de huelga, anunció que no estará presente en la manifestación de este miércoles. La central sindical, además, se encuentra valorando su posible renuncia a seguir respaldando esta huelga indefinida. Un extremo que ratifica la ruptura sindical escenificada con el acuerdo salarial de este lunes, que provocó un enorme revuelo en las filas de este sindicato por el pacto firmado, que ha llevado incluso a renuncias de afiliados disconformes.

En cualquier caso, los últimos movimientos negociadores, evidencian cómo el juego de pulsos sigue su curso mientras el entendimiento sigue siendo escaso. Tras 16 días de huelga indefinida (12 lectivos) y seis reuniones entre la Generalitat y los sindicatos, solo se ha firmado uno de los ocho puntos puestos sobre la mesa, mientras la 'factura' para los manifestantes sigue aumentando al ritmo de 150 euros limpios diarios. Además, cabe mencionar que el único acuerdo es sobre el punto retributivo (200 euros mensuales en enero de 2028 y seis días moscosos al año) que secundaron Anpe y CSIF este lunes. La rúbrica de un 33,5% de la representación sindical permitirá, salvo impugnación del resto de entidades, seguir adelante con esta subida salarial. 

De hecho, el portavoz de STEPV, Marc Candela, aseguraba este martes que no se descartaba denunciar el acuerdo. Más aún con el 'lío' que marcó el inicio de la reunión. La Conselleria de Educación, Anpe y CSIF explicaron que el acuerdo alcanzado suponía aplicar los 200 euros mensuales en tres tandas: 75 euros en septiembre, otros 75 euros en enero de 2027 y los 50 euros restantes en enero de 2028. Según remarcaron, la última entrega incluiría una revisión al alza de acuerdo al IPC sobre los 50 euros incrementados. Una cuestión en la que no estaban de acuerdo el resto de formaciones, que pedían que se revisara todo el importe aumentado y no una de las partes.

La propia Conselleria de Educación lo explicó así en su nota de prensa: "El acuerdo recoge la mayor subida salarial propuesta a los docentes de toda España, 200 euros mensuales, junto con el compromiso de revisión de los últimos 50 euros para 2028, lo que les sitúa entre los mejor pagados de España". Posteriormente, CSIF afirmó que la revisión era de todo el complemento autonómico y no de la última entrega de la subida salarial. Un extremo que llevó a los sindicatos no firmantes a pedir una aclaración al respecto. El secretario autonómico confirmó que la revisión al alza será para todo el complemento, lo que indignó a STEPV, CCOO y UGT, que consideran que hubo "mala fe" en las negociaciones al terminar firmando una cuestión que, aseguran, no se planteó durante la reunión.

La propuesta de ratios, inferior a la nueva ley ministerial

El ambiente tampoco se calmó en las ratios, el punto que se avecinaba más candente para esta reunión. Educación trajo una nueva oferta con una calendarización y cifras concretas sobre el tope de alumnos de las aulas educativas hasta bachillerato. No obstante, los números se alejan de los máximos establecidos por el Ministerio de Educación en una nueva norma que está a la espera de debate y votación parlamentaria. Si la ley sale adelante, sería de obligado cumplimiento para la Comunitat Valenciana en un plazo de cinco años, por lo que el máximo de estudiantes en las aulas de Primaria y Secundaria sería de 22 y 25, respectivamente. No obstante, si no obtiene la suficiente mayoría parlamentaria - algo probable dada la delicada aritmética en el Congreso - la Generalitat podría mantener las actuales ratios sin cambio alguno.

La propuesta de la Conselleria de Educación se basa en este segundo escenario y propone un ligero descenso de los topes "financiado con fondos propios" a expensas de que esta nueva ley pueda terminar saliendo adelante. Con la propuesta del Consell, las ratios de Primaria quedarían en 25 estudiantes, salvo una pequeña bajada a 22 en el primer curso de esta etapa en el ejercicio 30/31. En Secundaria, por su parte, se plantea una reducción progresiva del tope de 30 estudiantes que existe en la actualidad. Con ello, en el curso 31/32 el límite sería el siguiente: 26 en 1º de ESO; 27 en 2º de ESO; 28 en 3º de ESO; y 29 en 4º de ESO. En Bachillerato, el límite de 35 alumnos terminaría siendo de 32 en primer curso y de 33 en segundo curso al inicio del ejercicio 31/32. 

La propuesta, además incluye un máximo de 18 escolares en la etapa 2-3 años. En cualquier caso, deja fuera el tramo 0-2 años, la Formación Profesional, las Escuelas Oficiales de Idiomas o que los estudiantes con Necesidades Específica de Apoyo Educativo (NEAE) cuenten x2 o x3 para establecer el máximo de alumnos por clase. Los sindicatos mostraron su disconformidad, pero el Consell aseguró que es "imposible" cumplir con las ratios ministeriales si no hay un 'extra' de fondos. Ante el desacuerdo, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, prometió un nuevo documento para este miércoles que, previsiblemente, mantendrá las cifras, pero incluirá otros aspectos. Según detalló McEvoy, resulta "imposible" para la Generalitat "aplicar una "bajada de ratios abrupta", pero defendió que la propuesta es "de sentido común" y resultaría "un buen acuerdo".

Entendimiento en la reducción de la carga burocrática

Pese a las alejadas posturas en estos aspectos, la fórmula de "microacuerdos" permite negociar y firmar cada punto de las negociaciones. Con ello, es más factible poder alcanzar acuerdos parciales que aproximen la llegada de un pacto definitivo para terminar con la huelga educativa. Resulta paradójico, pues esta estrategia provoca que en una misma reunión salten chispas sobre unos aspectos y se llegue a un entendimiento sobre otros. Si bien allana el camino para ratificar eventuales pactos, también permite cerrar capítulos con un respaldo parcial o incluso minoritario de la representación sindical, tal y como ha ocurrido en el caso de los salarios. 

En cualquier caso, el rechazo de la mayoría sindical a segmentar los puntos en "microacuerdos", llevó a dejar en stand by la rúbrica de este punto pese a que los implicados reconocen tenerlo "encarrilado". Tras el tira y afloja en las negociaciones, la propuesta definitiva incluye una veintena de puntos sobre los que destaca un decreto de simplificación administrativa educativa. Con el visto bueno de todos los sindicatos, podría tratarse del primer punto de estas negociaciones con el respaldo del conjunto de la representación sindical. 

Infraestructuras cuantificadas en los nuevos presupuestos

Otra de las novedades de la jornada fue la concreción de las inversiones que se proponen a los sindicatos en materia de infraestructuras. Educación desveló este martes que los recién anunciados nuevos presupuestos autonómicos incluirán cerca de 373 millones de euros en inversiones educativas. El grueso de esta dotación se destinará al Pla Edificant (229,7 millones) y a las inversiones propias de este departamento del Consell (131 millones). También se incluyen 10 millones de euros para ayudas a los ayuntamientos en la educación de CEIPs y CEE en el marco de un nuevo Pla Recole; así como dos millones en un Plan Director de Infraestructuras Educativas exclusivo para la zona Dana, sobre el que la propuesta no concreta mayor detalle al respecto.