VALÈNCIA (EP). La Associació de Direccions de l'Escola Pública d'Infantil i Primària (ADEP-PV) expresa su "oposición frontal" al protocolo de gestión de emergencias que se está "imponiendo" en las escuelas, ya que, en su opinión, "traslada unas responsabilidades que no corresponden a nuestro ámbito, sin los recursos, la formación ni la atribución competencial adecuada".

En un manifiesto datado de este viernes y consultado por Europa Press, los responsables de los centros educativos dan cuenta, además, de su "preocupación ante el anuncio de posibles sanciones al personal docente por el incumplimiento de este protocolo".

Los responsables de las direcciones lamentan que se les atribuyen "injustificadamente" funciones y obligaciones técnicas, como el mantenimiento de infraestructuras, control de instalaciones, gestión de emergencias externas en horario laboral y extralaboral, para las cuales no cuentan "ni con la formación ni con los recursos adecuados".

En la misma línea, denuncian el "incremento desproporcionado de la carga de responsabilidad sin que estas competencias nos correspondan por naturaleza de nuestro cargo ni estén contempladas en nuestra función docente".

También ven "injustificado" que se les trasladen tareas que tienen que recaer en la administración local o autonómica. "El protocolo traslada a los centros educativos tareas que tendrían que recaer en administraciones locales, servicios de protección civil y organismos especializados, lo cual genera inseguridad y riesgo en la gestión real de las emergencias", argumentan.

E insisten: "Es responsabilidad de la Administración garantizar las condiciones de seguridad y mantenimiento. La dirección de un centro no puede asumir supervisión de mantenimientos técnicos. Exigimos que la administración asuma su rol en infraestructuras, prevención y recursos".

La asociación remarca su rechazo a las sanciones "manifestadas o intencionadas" por la Conselleria de Educación. Al respecto, señalan que el protocolo de actuación en caso de emergencias exteriores para el personal funcionario de centros docentes públicos contempla posibles sanciones a las direcciones de los centros y al personal docente encargado por "inobservancia" de las disposiciones recogidas.

"Rechazamos absolutamente cualquier sanción cuando la responsabilidad no es competencia del centro", proclaman los directores que reivindican que "se revisen y redistribuyan las funciones, garantizando que la dirección escolar pueda centrarse en lo pedagógico y organizativo, mientras que la prevención, mantenimiento y gestión técnica de riesgos recaiga en los organismos y profesionales competentes".

"Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestro alumnado, pero no podemos aceptar que se trasladan responsabilidades que no son propias de las direcciones de los centros ni del personal docente", aseveran.

"Preocupación de las familias"

"Las familias de nuestros centros, --prosiguen-- como parte fundamental de la comunidad educativa, nos han trasladado su preocupación por la seguridad de sus hijos e hijas, puesto que esta depende de la Conselleria y de los ayuntamientos, que son quienes tienen los medios y los recursos a su disposición para poder conocer los riesgos y los avisos en tiempo real y por tanto disienten de la visión sancionadora y punitiva cabe los equipos docentes y directivos que plantea este protocolo".

Por todo ello, exigen "una rectificación del protocolo y la eliminación de cualquier intención sancionadora hasta disponer de un modelo realista, participativo y dotado". Las direcciones, insisten, "reclamamos condiciones dignas y seguras para ejercer nuestro liderazgo educativo".