L'ALFÀS DEL PI (EFE). Un funcionario de l'Alfàs del Pi ha sido condenado a dos años de prisión y a una multa de 2.160 euros por un delito de cohecho al exigir un pago de 2.000 euros a un vendedor para darle la licencia para un puesto del mercadillo municipal. El fallo de la sentencia de la Audiencia de Alicante, a la que ha tenido acceso EFE, incluye, además, la pena de inhabilitación para empleo o cargo público por cinco años y llega después de que un jurado popular le considerara culpable de ese soborno por el que se le juzgaba.
Los hechos objeto de juicio se remontan a mayo de 2015 cuando el funcionario era el responsable de tramitar los expedientes administrativos de concesión, modificación y revocación de licencias en los puestos del mercadillo, así como de repartir los emplazamientos libres por el sistema de sorteo. Además, era el encargado de cobrar la tasa en función de los metros autorizados.
"Con ánimo ilícito" y "faltando a los deberes de su cargo", este individuo pidió el dinero a un vendedor que carecía de permiso permanente, tal y como consta en una grabación telefónica entre el acusado y este último que fue aportada junto a su denuncia ante la Guardia Civil. En esa charla, el funcionario le conminó a darle los 2.000 euros ya que de lo contrario no le daría la autorización para ejercer la venta. De hecho, la sentencia apunta que el vendedor había solicitado el permiso sin conseguirlo en dos ocasiones previas. No obstante, el pago no llegó a materializarse porque el chantajeado decidió denunciar.
El magistrado que ha presidido el juicio ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, toda vez que el juicio se había celebrado nueve años después de que sucediesen los hechos "sin que revista tal complejidad como para justificarlo". La sentencia absuelve a un segundo funcionario procesado por los mismos hechos, al no constatarse pruebas.
Con todo, el fallo queda sujeto a posible recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el plazo de diez días desde su notificación.
AlicantePlaza
Inhabilitación para empleo o cargo público
Dos años de prisión para un funcionario de l'Alfàs que exigió 2.000 euros por una licencia del mercadillo

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