ALICANTE. El futbolista Rafa Mir tiene claro que se sentará en el banquillo para responder de la acusación de un delito de agresión sexual que le llevaba este lunes a declarar en sede judicial por segunda ocasión, si bien no solo sigue sosteniendo su plena inocencia, es que se muestra deseoso de que se celebre el juicio "lo más pronto posible" para poner fin así a lo que entiende que es "un proceso penal marcado por contradicciones y por la falta de pruebas".
La citada segunda declaración, ya indagatoria y ordenada la semana pasada por la titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº8 de Llíria por medio de un auto en el que procesaba al cartagenero por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia, se llevó a cabo de manera telemática, desde el despacho de su letrado en Palma de Mallorca (por la tarde se ejercitaba con normalidad en Elche), acogiéndose a su derecho a no declarar el delantero del Sevilla FC que juega este curso en el Elche CF en calidad de cedido.
Tras la misma, su abogado y amigo Jaime Campaner aseguraba que encara el proceso "sin sobresaltos y con argumentos sólidos" y explicaba que no ha recurrido el citado auto (usando la terminología futbolística: “En materia sexual, el pase a la final está garantizado”, aseguraba el letrado, apuntando a continuación que “el partido de verdad se disputa en juicio, para el que llegaremos fuertes y preparados”.
La instructora entiende que de las diligencias practicadas durante esa instrucción de la causa existen indicios y no meras sospechas de que la madrugada del 1 de septiembre de 2024, en una urbanización de Bétera, el delantero agredió sexualmente en dos ocasiones a una de la dos chicas a las que él y otro amigo, el también futbolista Pablo Jara, quien también ha sido procesado (no se ha dfinido respecto a si recurrirá o no el auto) por agresión sexual, en su caso sin acceso carnal y un delito leve de lesiones, habían conocido horas antes en una discoteca de València capital.
No obstante lo anterior, Campaner se mostraba satisfecho con la instrucción, a la que se refería como “muy satisfactoria” por haber incorporado elementos “que favorecen la tesis" de la cliente, es decir, de Rafa Mir, al tiempo que destacaba que el auto judicial “no valora las diligencias practicadas, sino que simplemente las enumera, lo que permite afrontar el juicio sin sesgos ni prejuicios”.
La defensa de Mir apuntaba también a que la denunciante habría ofrecido versiones diferentes de los hechos ante la Guardia Civil, primero, y ante la jueza intructora, después. Así, según siempre la versión de Campaner, en la primera aseguró que los agentes no la creían y charlaban con el jugador, pero más tarde afirmó que solo una agente conocía todos los detalles. Serían diferencias "insalvables" en opinión del abogado de de Mir, que también considera favorables a los intereses de sus defendido las pruebas testificales practicadas de los policías locales de Bétera que intervinieron aquella noche, pues habrían apuntado que "ninguna de las jóvenes habló de agresiones sexuales en ese momento" y que incluso "uno de los atestados incluso recogía una descripción de relación consentida en el baño". Al hilo de esto último, Campaner se mostraba crítico con la actuación de la Guardia Civil, pues consideraba “incomprensible” que, pese a la detención de Mir, la Guardia Civil no tomara declaración a esos agentes.
La jueza requería la semana pasada a Rafa Mir que preste una fianza de 12.500 euros y a Pablo Jara de 5.000 a fin de asegurar sus responsabilidades civiles en caso de que vayan a juicio y resulten condenados. Al respecto, el primero de ellos, por medio de su abogado, se mostraba este martes dispuesto "a transferir de manera inmediata esta cantidad como fianza".
En el momento en el que sucedieron los hechos, el delantero cartagenero jugaba en calidad de cedido en el Valencia CF. A diferencia del club che, el Elche CF ha descartado la adopción de medidas disciplinarias, al tiempo que ha abogado por que se respete la presunción de inocencia de Mir, quien ha de comparecer quincenalmente en sede judicial, al tiempo que tiene retirado el pasaporte.
Será la Audiencia Provincial de Valencia la encargada de decretar o no la apertura de juicio oral a los dos investigados, toda vez que estamos hablando de un delito con pena superior a los nueve años de cárcel.
