VALÈNCIA. No ha sido la gota que ha colmado un vaso, ha sido un tsunami en aguas que ya venían revueltas. El audiovisual valenciano está en estado de estupefacción desde que el viernes trascendiera una ayuda directa de cinco millones de euros, dentro del proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2026, a la productora asociada con Disney para el rodaje del live-action de Enredados. La beneficiaria, tal y como adelantó Culturplaza, es Sol Films 2026, una empresa instrumental de Anima Stillking Films y que hace apenas unas semanas trasladó su domicilio fiscal a los estudios públicos.
Desde el anuncio del rodaje, se rumoreaba que la elección de Alicante por parte de la multinacional no saldría gratis, pero ni las previsiones más atrevidas alcanzaban la cifra confirmada. Tal es el escándalo que, durante este fin de semana y sobre todo durante la jornada de ayer lunes, se ha cocinado una posición crítica común de todas las asociaciones de productoras de la Comunitat Valenciana. No ha hecho falta trabajo alguno para convencer a ninguna: todas irán a una ante lo que creen un “ataque directo” al sector local, según las fuentes consultadas.
Enredados se ha convertido en un símbolo para que la Generalitat Valenciana saque pecho del renacimiento de los estudios públicos de Ciudad de la Luz, pero esta ayuda directa ha acabado de romper la relación ahora casi inexistente entre la red de productoras y la administración autonómica. Los motivos son varios, relatados en diferentes conversaciones para elaborar este reportaje por los presidentes de las diferentes asociaciones.
En primer lugar, hay que poner en contexto lo que significan cinco millones de euros como ayuda pública a un rodaje. Por ejemplo: la partida de la línea de ayudas a producción del Institut Valencià de Cultura, a la que concurren decenas de proyectos en sus diferentes modalidades, está dotada con 6,7 millones de euros en total. La aportación máxima a un único proyecto es de 500.000 euros, 10 veces menos que la subvención otorgada a dedo por la Generalitat. A esto se le suma la disfuncionalidad crónica del Institut Valencià de Cultura, que las hace, además de insuficientes, difíciles de pedir, gestionar y justificar.
Estas ayudas, además, se otorgan con el requisito de que las producciones garanticen (auditoria mediante) que han repercutido un 150% la subvención recibida en el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana.
Más cifras en contexto. La Conselleria de Innovación lleva desde 2023 convocando unas ayudas a grandes proyectos de rodajes en la Comunitat Valenciana: seis millones de euros, a repartir precisamente entre seis producciones. Es decir, como máximo, cinco veces menos que la ayuda a Enredados, y también a través de una convocatoria de concurrencia competitiva y con unas bases transparentes y claras.
Se desconocen los detalles del acuerdo entre Disney y la Generalitat Valenciana, pero las asociaciones consultadas van a exigir que se audite y se justifique el impacto real del paso de Enredados por la Comunitat.
- Una de las infraestructuras de los estudios de Ciudad de la Luz. -
- Foto: RAFA MOLINA
Cifras “ficticias”
Y es que, el cabreo inmediato del sector al conocer los cinco millones para la productora provocó una comunicado de reacción de la Generalitat defendiendo la inversión: según la administración, la inversión directa estimada es de 40 millones de euros en la Comunitat Valenciana; el retorno económico total, entre impacto agregado directo e indirecto se situaría entre 80 y 120 millones de euros; se prevén alrededor de 2.500 contrataciones de empresas y profesionales locales, además de actividad para hostelería, transporte y servicios auxiliares; y un retorno mediático entre 200 y 600 millones de euros en valor publicitario, derivada de su distribución global.
Todas las fuentes consultadas, algunas con experiencia en grandes rodajes en Ciudad de la Luz, aseguran que estas cifras son imposibles de cumplir, incluso las tachan de “disparatadas” o “marcianada”. El caso sería más flagrante si se confirman los rumores de cuál sería el paso real del rodaje por la Comunitat: apenas 10 días, repartidos entre cinco días en los estudios, y otros tantos en otros exteriores, desarrollándose gran parte de la producción en las provincias de Tarragona y Girona y en Francia.
La ocupación de Ciudad de la Luz en realidad será de más tiempo porque se están construyendo algunos decorados, pero, en todo caso, “no hay suites de lujo que permitan acercarse a esas cifras ficticias”, apunta Rafa Molés, presidente de Avant. “Durante los días de rodaje, no se pueden gastar ni siquiera lo que van a recibir”, añade Antonio Mansilla, de Avapi.
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“Las productoras de Alicante, incluso las que estamos en la Ciudad de la Luz, no sabemos nada del rodaje. Las cifras no son ciertas; no sabemos de dónde las sacan y queremos que las demuestren”, añade Manuel Galipenso, de Alicante Audiovisual. La sensación de ninguneo y de falta de impulso de las políticas públicas para el audiovisual es aún más sangrante para las empresas alicantinas: “Es desolador y estamos cansados. No hay continuidad para los profesionales y estar en Ciudad de la Luz no nos está ofreciendo apenas posibilidades a las empresas locales”.
Y es que, aunque solo trascienden los anuncios de ocupación, la realidad es que, en los últimos meses, Ciudad de la Luz apenas ha tenido actividad, según han sospechado y confirmado las propias productoras. El recinto se ha ofrecido incluso para otros usos muy alejados del cine o la televisión; por ejemplo, como local de ensayo de giras musicales.
Tropezar en la misma piedra
Finalmente, el tercer motivo del sector para criticar la ayuda millonaria a la película es un trauma: el del cierre de Ciudad de la Luz en 2012 ordenado por la Unión Europea tras una sentencia que declaró como competencia desleal las bonificaciones públicas a rodajes, tanto a través de la inversión en el estudio como en las subvenciones para darle vida. Las productoras creen que esta negociación directa y sin competencia de una producción podría incurrir en una ilegalidad similar.
La sensación general es que la atracción de estos grandes rodajes opaca la realidad cotidiana: “Estamos de acuerdo con que se busquen rodajes, pero las políticas tienen que ir dirigidas a hacer de la Comunitat Valenciana un plató y un sector de referencia, no únicamente de salvar el marrón de Ciudad de la Luz. No hay proyecto de formación, ni una film commission que funcione de verdad, ni las ayudas tienen que servir únicamente para los rodajes en Ciudad de la Luz”, opina Kiko Martínez, presidente del Clúster de Producción y Servicios Audiovisuales de la Comunitat Valenciana.
Por su parte, Gloria March, presidenta de la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual opina que: “Nos parece interesante que vengan rodajes internacionales, siempre que beneficie a nuestras empresas productoras, profesionales y empresas de servicios. La Academia va a velar siempre por el desarrollo y el fortalecimiento del audiovisual valenciano y de los profesionales que lo forman y por ello, estaremos atentos para que se garantice una total transparencia”.
La parte es el todo
Con todo esto, la unanimidad del sector desde que saltara el escándalo es insólita. Se prevé un comunicado en las próximas horas muy crítico, no solo con la gestión de esta subvención, sino directamente con las “políticas erráticas” y “desnortadas” del actual Consell. “No hay ningún plan”, “no hay estrategia alguna”, “no hay interlocución”, van sentenciando los diferentes entrevistados a lo largo de las distintas conversaciones.
“Pedimos a la Generalitat responsabilidad, aumentar las ayudas, una estrategia y estimular el tejido industrial. Lo que hemos tenido es una callada por respuesta. Llevamos tres años sin alguien que ejerza ni siquiera de interlocutor”, denuncia Miguel Molina, de PAV.
El Consell impulsó, en noviembre de 2025, la elaboración de un plan estratégico para el audiovisual para el periodo 2026-2030, que está siendo elaborado por PricewaterhouseCoopers. “Si este plan va a ser un Bienvenido Mister Marshall, mal vamos”, avanza Mansilla. Ni siquiera esto calma los ánimos de una legislatura que se da por perdida y cuyo desánimo se hunde aún más con la falta de presupuesto y de inversión de À Punt. La gota que colma el vaso (hay quejas que se arrastran incluso antes del cambio de gobierno y salpican al Botànic) ha acabado hundiendo la situación.
“Si estábamos padeciendo los vaivenes y las imprecisiones, además de la incapacidad del IVC de presentar unas ayudas que generen seguridad hacia las co-producciones, esta decisión es un golpe mortal a la credibilidad del audiovisual valenciano. La Generalitat Valenciana está proyectando que no podemos gestionar nuestros recursos, pero Disney, sin contar apenas con el tejido valenciano, sí merece cinco millones de euros”, sentencia Molés.
