ALICANTE. Labor de fiscalización... y de desmarque político a cuenta de la polémica del exasesor del PP vinculado a la edil no adscrita, Nerea Belmonte. Los grupos municipales de Ciudadanos (Cs) y Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante han registrado este martes una iniciativa conjunta para que el edil de Infraestructuras, el popular Israel Cortés, comparezca en el pleno ordinario de diciembre, el próximo día 20, con el propósito de que el regidor explique en qué consistieron los trabajos desarrollados por el excargo de confianza, Miguel Ángel Redondo, durante los cerca de 30 días en los que desempeñó funciones como personal eventual en su departamento.
Redondo estuvo contratado como asesor a tiempo completo (con dedicación exclusiva) desde el 15 de mayo hasta el 13 de junio, justo el mismo día en el que trascendió su contratación en boletines oficiales (que el PP había mantenido oculta pese a la pregunta expresa formulada por Alicante Plaza) y cerca de dos semanas después de que trascendiese que se había dedicado a acompañar a Belmonte en varias visitas a dependencias municipales o de entidades sociales de la ciudad, como si se tratase de un asesor a su servicio pese a que la regidora no podía disponer de ese personal de apoyo por su condición de no adscrita.
La solicitud de comparecencia de Cortés, firmada por los portavoces de Cs y de Guanyar, Yaneth Giraldo y Miguel Ángel Pavón, se produce menos de una semana después de que se conociese el decreto de archivo de las diligencias que se instruían en Fiscalía sobre si la contratación de Redondo pudo ser una presunta contrapartida a cambio de que Belmonte facilitase la investidura del popular Luis Barcala como nuevo alcalde, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri (que será juzgado en octubre de 2019 por un supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio y el 20 de enero de 2020 por el despido supuestamente irregular de una funcionaria, cuñada de Barcala, después de que éste, entonces en la oposición, elevase al juzgado la denuncia sobre los contratos de Comercio).
Dichas diligencias sobre la contratación de Redondo se incoaron a instancias de las denuncias presentadas por los cuatro grupos de la oposición municipal sobre los mismos hechos aunque por separado: PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís. Con ese gesto, los cuatro establecieron una suerte de unidad de acción en su labor de oposición para que se desentrañase si la elección de Barcala pudo estar condicionada por la contratación de ese conocido de Belmonte y de su amiga personal, la exedil del PP, Elsa Martínez. Esa unidad de acción (no coordinada) se mantendría ahora por lo que respecta a los posibles pasos a seguir: los cuatro grupos estarían meditando todavía la posibilidad de trasladar esas denuncias a los juzgados para que sea un juez quien pueda retomar la investigación y acordar nuevas pruebas no practicadas, como la toma de declaración de Barcala o de Belmonte, por ejemplo.
