VALÈNCIA. En los últimos meses, y especialmente estos días tras las elecciones andaluzas, han sido objeto de análisis las bondades y carencias de los denominados ministros-candidatos. Los malos resultados obtenidos por el PSOE en Aragón y Andalucía por Pilar Alegría y por María Jesús Montero respectivamente, reavivaron brevemente el debate sobre si el resto de miembros del Gobierno que encabezarán la lista en próximos comicios, como es el caso de la valenciana Diana Morant, el madrileño Óscar López y probablemente el canario Ángel Víctor Torres, deberían plantearse dejar sus puestos en el ejecutivo central para dedicarse al 100% a sus misiones territoriales.

Una posibilidad que la propia líder del PSPV-PSOE se encargó de rechazar rápidamente pocas horas después de las elecciones andaluzas al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Para refrendar sus palabras, su compañero en el Gobierno y titular de Hacienda, el también valenciano Arcadi España, defendió en una entrevista en el diario Levante-EMV publicada este fin de semana la continuidad de Morant en ambos puestos.

No obstante, menos se está hablando de otra futura candidata que también ostenta un cargo en el ejecutivo central que, en algún momento, deberá abandonar. Es la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien será la candidata a la Alcaldía de València en las elecciones municipales que tendrán lugar en mayo de 2027.

Tal y como figura en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General los delegados del Gobierno son inelegibles, por lo que deben renunciar a su cargo antes de ser proclamados candidatos, lo que suele producirse en torno a mes y medio antes de las elecciones. Así, si Bernabé quisiera apurar al máximo posible su estancia en el puesto, debería abandonarlo aproximadamente a mediados de abril de 2027, si bien en la formación socialista no descartan que pudiera hacerlo antes. Una decisión siempre complicada porque entran en juego diversos factores, como la necesidad de habilitar un sueldo a la candidata pagado por el partido mientras se lanza a preparar la campaña electoral.

En cualquier caso, aunque apurara los plazos y dejara el puesto en abril, cabría la posibilidad entonces de que el Gobierno de España decidiera cubrir la vacante de forma inmediata para situar a un dirigente de confianza en los meses restantes de la legislatura hasta las elecciones generales que, teóricamente, deberían celebrarse en julio si no hay avance. Esto no implica el cese inmediato del delegado, puesto que aunque el PSOE perdiera la capacidad de gobernar, el relevo podría terminar produciéndose meses después si no hay, como todo parece, una mayoría absoluta y las negociaciones se alargan.

Así, diversas fuentes socialistas señalan como una dirigente bien posicionada para convertirse en delegada del Gobierno a la actual comisionada para la Dana, Zulima Pérez, quien ha ganado en protagonismo desde su designación en este puesto en agosto de 2025. De hecho, incluso en algunos actos como la toma posesión del nuevo rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandía, se le ha visto ejercer como representante del ejecutivo central en ausencia de Bernabé o de Morant. 

Además, su buena relación con el ministro de Hacienda, Arcadi España, o con la propia secretaria general del PSPV-PSOE y también ministra, Diana Morant, le garantizarían el respaldo de la federación valenciana para el nombramiento. Eso sí, la designación tiene el hándicap de que no podría ser incluida en ninguna candidatura electoral, por lo que su continuidad en el cargo dependería de que Pedro Sánchez consiguiera permanecer en la Moncloa tras los comicios generales de julio.