ALICANTE. Lo parecía una paz consolidada, pero derivar en nuevos conflictos en el seno del Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputación de Alicante. Y es que el Consorcio Provincial vive días (o puede vivir) de tensión tras la publicación del Decreto nº 2025-1171, que permite a cabos, sargentos y suboficiales continuar en sus puestos en mejora de empleo (lo que comporta, una mayor retribución) más allá del límite legal de dos años que fija la ley. La medida, justificada por la administración en aplicación analógica de la normativa sobre funcionarios interinos, ha desatado una oleada de recursos.

A título individual, varios funcionarios —entre ellos Javier García Miñano— han presentado escritos de reposición, en los que denuncian que la prórroga supone un fraude de ley y vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Este recurrente no solo no descarta la vía contencioso-administrativa, sino también acudir a la vía penal al considerar que puede haber indicios de una posible prevaricación administrativa. Y a ello se sumaría otra posible anomalía: según denuncia, algo de esos cargos a los que ahora se le ha renovado la mejora de empleo, pese a transcurrir los dos años, no dispondrían de la titulación requerida para ejercer el cargo en el seno del Consorcio de Bomberos. 

A esta iniciativa se han sumado (o se sumarán en los próximos días) los sindicatos UGT y CGT, que en representación de los trabajadores del Consorcio también tienen previsto presentar un recurso contra el decreto. La organización sindical recuerda que ya había advertido en anteriores mesas de negociación sobre la irregularidad de mantener a personal en mejora de empleo más allá de los plazos legales, señalando casos de suboficiales que llevan en esa situación desde julio de 2022.

En todos los escritos presentados, los recurrentes subrayan que el artículo 122.8 de la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana prohíbe expresamente superar los dos años en mejora de empleo, sin excepciones como las previstas para interinos. Por ello, sostienen que el decreto debe declararse nulo o, en su defecto, anulable, al vulnerar la normativa y favorecer de manera arbitraria a unos funcionarios frente a otros.

Tanto los recursos individuales como los sindicales coinciden en pedir la revocación del decreto, el cese inmediato de quienes han superado el límite legal y la activación de la bolsa de empleo vigente para cubrir las vacantes de forma temporal y ajustada a derecho.

El conflicto abre un nuevo frente dentro del Consorcio, donde la gestión de las mejoras de empleo ha sido objeto de controversias previas, con manifestaciones, pintadas de protesta y varios meses de negociación. Ahora, con la impugnación de la medida tanto por parte de funcionarios como de la representación sindical, la presión sobre la dirección del organismo y sobre su presidente, Toni Pérez, aumenta a la espera de una resolución definitiva.