VALÈNCIA (EP). UGT Servicios Públicos del País Valencià asegura que el Consell "oculta más de 12.000 solicitudes de prestación de la dependencia que no aparecen en las listas de espera oficiales".

Este "embudo" es consecuencia, según el sindicato, del "retraso en la validación de solicitudes de prestación de la dependencia, una práctica que ya destapó este sindicato hace un año y que retarda la incorporación cada mes de 1.000 personas a las listas de espera".

La organización sindical recuerda, en un comunicado, que, "por criterio interno, los expedientes de la dependencia sólo se incorporan a la estadística del sistema cuando son validados y no cuando se registra la solicitud en los ayuntamientos". "Por lo tanto, las personas con solicitud registrada, pero sin validar no engrosan la lista de espera de la dependencia que publica mensualmente la Conselleria", apuntan.

"Esta práctica de maquillaje denunciada por este sindicato ha sido confirmada por el Síndic de Greuges que, en su último informe, se refiere expresamente a los retraso en la validación de solicitudes", subrayan.

Según la información de la que dispone UGT Serveis Públics del País Valencia "existen más de 12.000 solicitudes de prestación no incluidas en la lista de espera oficial, solicitudes que han sido registradas y cuyo expediente ha sido grabado por los ayuntamientos, pero que están pendientes de validación".

De acuerdo a las estimaciones de este sindicato, más de 6.000 de estos expedientes son de primera solicitud de prestación, de los cuales alrededor de 2.000 llevan más de un año esperando a ser validadas y ello, a pesar de que el plazo de resolución legal de todo el procedimiento es de seis meses.

"Y es que, otros indicadores de la dependencia no engañan. En 2024 fallecieron 3.406 valencianas y valencianos esperando una prestación, es decir, más de 9 personas diarias, una cada 150 minutos, mientras que el tiempo medio de resolución de expedientes fue de 317 días el año pasado", enumeran.

Así mismo, y "según datos trasladados por la Comunitat Valenciana al Imserso", precisan, a 28 de febrero de 2025 había unas 9.763 personas esperando más de 6 meses la resolución de grado de la dependencia, y otras 7.520 personas con resolución se encontraban esperando más de 6 meses la asignación efectiva de una prestación.

"En total, unas 17.283 personas cuya solicitud ha superado el plazo legal de 6 meses de resolución se encuentran en un limbo administrativo de espera", resumen.

"Triple estrategia"

UGT denuncia que "el retraso de la validación de expedientes responde a una triple estrategia del gobierno valenciano". Por un lado, dicen, "el Consell de Mazón busca ahorrarse más de 50 millones de euros en prestaciones de la dependencia y otros tantos en la financiación del incremento necesario de plantillas". En este sentido, apuntan que "actualmente solo hay 12 valoradores itinerantes de la Conselleria de Servicios Sociales para apoyar a los municipio".

Por otro lado, creen que "pretende maquillar las listas de espera de cara a la ciudadanía, con el objetivo último e inconfesable de devaluar el sistema público y justificar la privatización inminente de los equipos de valoración de la Dependencia y la Discapacidad".

UGT recuerda que "esta puerta quedó abierta legalmente tras la modificación de la normativa a través de la Ley 6/2024 de Simplificación administrativa, tal como denunció UGT el pasado mes de diciembre".

Y, por último, "el incremento de presupuesto para la dependencia previsto para 2025 es consecuencia natural del incremento de solicitudes de prestación todos los años en relación al envejecimiento de la población, pero insuficiente dado que para atender al ritmo actual de solicitudes y resolución de las mismas haría falta una década para eliminar las listas de espera y alcanzar la plena atención".

La secretaria general de UGT Serveis Públics, Mayte Montaner, señala que es "urgente y necesario inyectar más presupuesto para las prestaciones de dependencia y no jugar con la estadística y con las personas más vulnerables para ocultar la realidad".

"La información manejada por este sindicato evidencia que se consolida una gestión de la dependencia low cost, con un sistema opaco y sin un plan específico para reducir significativamente los tiempos medios de resolución de las solicitudes de prestación que permita avanzar hacia la plena atención", ha concluido.