VALÈNCIA. Desde el día de la Dana, para justificar el envío tardío de la alerta a la población, tanto el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como la portavoz del Consell, Susana Camarero, han insistido en la "falta de información" proporcionada aquella tarde por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Sin información, no se podía avisar, es la defensa de los responsables autonómicos, obviando que la Conselleria de Emergencias tiene también otras fuentes de información para conocer lo que está ocurriendo, como el servicio de atención 112, que recibió un auténtico aluvión de llamadas durante la tarde.
Aquel fatídico 29 de octubre, la sala del 112 recibió casi 20.000 llamadas, especialmente a partir de las 15h de la tarde, tal como revela el último informe remitido por la Conselleria a la jueza encargada de la causa penal de la Dana. Su análisis revela que al menos desde las 16.40 había avisos por problema de inundaciones en Chiva, en las orillas de la rambla del Poyo. Avisos de conductores y vecinos por problemas en las carreteras, de inundación en sus viviendas y del desbordamiento de los cauces que se fueron extendiendo a lo largo de los municipios ribereños aguas abajo, llegando a un pico de volumen a las 18h de la tarde. La riada acabó provocando las muertes ya conocidas sin que la alarma hubiera llegado a tiempo.
Este martes, Camarero insistió: "(En el Cecopi) no se habló del barranco del Poyo. Todo el mundo ha certificado claramente que solamente se habló de la presa de Forata, que la alarma de las 20.11 es por la presa de Forata, que en ningún caso se habló del barranco del Poyo, que las propias agencias estatales (CHJ y Aemet) en sus comunicaciones han verificado y han contrastado que no se habló. Por lo tanto, no hubo ninguna información el 29 de octubre en el Cecopi sobre el barranco del Poyo".
La CHJ registró un aumento del caudal en la rambla del Poyo a las 18h de la tarde y, según ha defendido ante la jueza, los datos cincominutales estuvieron disponibles "en tiempo real" para todas las administraciones, si bien no envió un correo de alerta por la crecida "muy rápida" del barranco hasta las 18.43h. En ese desfase se apoya la acusación de la Generalitat de un "apagón informativo" que habría impedido al Cecopi reaccionar con mayor celeridad -la alarma se envió a las 20.11h-.
- La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, en una imagen de archivo -
- Foto: GVA
Los interrogantes ahora, por tanto, se ciernen sobre la propia Conselleria de Emergencias, cuyo servicio de 112 también tenía información sobre los problemas que se estaban produciendo como consecuencia de la riada. Pese a ello, en el centro de emergencias, que dirigía la propia consellera del ramo en aquel momento, Salomé Pradas, y donde estaban integrados diferentes organismos, también la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "no se habló del barranco del Poyo", y el organismo acabó enviando el aviso tardío por el peligro en la presa de Forata y no por el barranco del Poyo.
Cabe preguntarse, entonces, quién tenía en su disposición la información sobre las llamadas que se estaban recibiendo y por qué no se habló de ellas en el Cecopi. Según explicaron trabajadores del 112 a Valencia Plaza, y como confirmaron fuentes del servicio este lunes, la comunicación entre el centro y Protección Civil -integrante del Cecopi- es "absolutamente fluida". "Las llamadas se reciben y Protección Civil tiene esos datos al momento, lo pueden ver en cualquier momento", señalaron al respecto diversos testimonios, quienes confirmaron que el desastre "se veía venir" porque "había indicios y datos objetivos".
Así, apuntaron que "se podría haber hecho de una forma diferente porque los datos objetivos estaban ahí", por lo que la pregunta es qué falló en la cadena de información entre el centro de recepción de llamadas y el Cecopi, donde se encontraba Protección Civil y la consellera Pradas, que como directora del Plan de Emergencias, según la normativa, tenía la función de "determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia las medidas de protección a la población que deban de adoptarse".
"Criterios técnicos, mediciones hidrológicas y avisos formales"
Según defendió la Generalitat Valenciana este martes, los incidentes registrados por el 112 se derivan "en tiempo y forma" a los Consorcios de Bomberos y los servicios de intervención, que movilizan los recursos para cada situación. En ese sentido, señaló que los servicios técnicos "actúan en tiempo real, con protocolos claros, y garantizando la respuesta desde el primer minuto, actuando con criterios técnicos, mediciones hidrológicas y avisos formales que tienen que ser proporcionados por las agencias estatales".
- Barranco del Poyo, a su paso por Chiva. -
- Foto: EDUARDO MANZANA
Aunque la misma Generalitat reconoce que "gracias a esas llamadas ciudadanas" es "por lo que se activan los servicios de emergencias, ya que ni la CHJ del Júcar ni ninguna agencia estatal estaban informando en tiempo real de lo que estaba ocurriendo el 29 de octubre en las distintas zonas afectadas por la riada". Con todo, al parecer, esas mismas llamadas no habrían servido para debatir, en el seno del Cecopi, un aviso a la ciudadanía en las inmediaciones de la Rambla del Poyo.
Respecto a la CHJ, la administración autonómica recalcó que "si se hubiera contado con los sistemas de alerta temprana que permiten detectar la crecida de los barrancos y anticipar y minimizar los riesgos de inundaciones, los servicios de Emergencia habrían podido disponer de más y mejor información para actuar". E insistió en que la Confederación, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, "no tiene instalado aún este este sistema de ayuda para la toma de decisiones clave para la seguridad de la población".
