VALÈNCIA. El Partido Popular sigue adelante en la 'compra' del discurso de Vox para sacar adelante las leyes de Presupuestos y Acompañamiento de este 2026. Los síndics del PP y Vox, Nando Pastor y José María Llanos, han firmado conjuntamente varias enmiendas de aproximación sobre las propuestas inicialmente planteadas por los voxistas. Un movimiento con el que la rúbrica del portavoz del PP queda estampada sobre enmiendas que, entre otras cuestiones, supondrán la "exclusión del acceso a las prestaciones sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular".
En concreto, PP y Vox han pactado una modificación de la ley valenciana de Servicios sociales Inclusivos que contempla el desarrollo reglamentario del principio de prioridad nacional. Una acción que supondrá el acceso de los inmigrantes irregulares a los servicios sociales quede limitado "exclusivamente" a "supuestos de urgencia vital".
El desarrollo del mantra voxista de la prioridad nacional supondrá que el Consell tenga que "procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable" en la Comunitat Valenciana, de manera que se asegure la "vinculación efectiva y estable" en el territorio. Unos términos que ya fueron incluidos en la ley de Presupuestos aprobada esta misma semana en Les Corts Valencianes con los votos de populares y voxistas.
La entrada de la prioridad nacional también contemplará el establecimiento de un "período mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio", así como a la vinculación del acceso a ayudas y prestaciones con la "cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema".
La ley de Servicios Sociales Inclusivos también recibe 'retoques' de varias partes del articulado para incluir el concepto de prioridad nacional entre los principios recortes de los servicios sociales valencianos, así como en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. En esta misma enmienda se elimina que el plan estratégico de los servicios sociales valencianos tenga que contar con una memoria de impacto de género.
Prioridad nacional en la ley de la Renta Valenciana de Inclusión
Por otro lado, la formación que encabeza Santiago Abascal había planteado una amplia reforma de la ley de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para introducir el principio de prioridad nacional y endurecer los criterios de acceso a estas ayudas. Finalmente, PP y Vox han pactado una reforma de la norma con la que el acceso a la prestación "procurará la asignación prioritaria de los recursos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana".
Con los cambios planteados, PP y Vox incrementan de manera considerable el mínimo de residencia en la Comunitat Valenciana para acceder a la RVI. En concreto, se eleva de 15 meses a tres años el mínimo de residencia continuada inmediatamente anterior a la fecha de solicitud; mientras que también se reclama haber residido en la Comunitat Valenciana al menos diez de los treinta años anteriores a la solicitud de la prestación.
Prohibición de los rostros cubiertos entre los funcionarios
Por otro lado, otra de las principales exigencias voxistas para la tramitación de esta ley de Acompañamiento era la prohibición de los rostros cubiertos (burka o niqab) en diferentes normativas, abarcando áreas como espectáculos públicos, transporte, sanidad, función pública o centros educativos. La rúbrica del PP también se ha visto reflejada en una de estas enmiendas, concretamente la que obliga a los funcionarios valencianos a desempeñar su trabajo "manteniendo el rostro sustancialmente descubierto durante la jornada laboral y la atención al público".
En este caso concreto, se ha recurrido a una enmienda de aproximación para matizar que los funcionarios podrán cubrir su rostro mediante una mascarilla higiénica "cuando se trate de personas vulnerables o que presenten síntomas respiratorios". El resto de propuestas voxistas para la prohibición del burka o niqab no han sido transaccionadas con el PP, aunque lo esperable es que terminen saliendo adelante con el voto de los populares al tratarse de propuestas redactadas de manera similar.
Compromís anuncia un recurso de anticonstitucionalidad
Ante estos acuerdos, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha anunciado que la coalición valencianista impulsará un recurso de anticonstitucionalidad ante la ley de Acompañamiento y todos los recortes de derechos pactados por PP y Vox. "Una vez más vemos como el PP se arrastra frente a Vox y pactan medidas que van contra los consensos más básicos de la sociedad", ha apuntado Baldoví, antes de añadir: "Los valencianos no somos un pueblo racista ni xenófobo. Somos un pueblo racista ni xenófobo, somos un pueblo digno e integrador".
Por su parte, el sindic del PSPV, José Muñoz, ha considerado que estas enmiendas suponen "un nuevo paso en la deriva racista y xenófoba contra las personas migrantes en la Comunitat Valenciana". Muñoz ha criticado que, después de la ley de Presupuestos, ahora pretendan extender la mal llamada "prioridad nacional", el "apartheid institucionalizado", al resto del ordenamiento jurídico de la Comunitat Valenciana y, en concreto, a las leyes de carácter social, "convirtiendo el origen de una persona en un criterio para decidir quién tiene más derechos y quién tiene menos". "Esto se llama discriminación y crueldad institucionalizada", ha considerado el síndic.
"La aberración llega al extremo de que, a través de las enmiendas, se encarga al Consell que haga un desarrollo reglamentario del principio de prioridad nacional, es decir, que elabore el Reglamento del Racismo institucionalizado en la Generalitat. Es repugnante", denuncia el síndic socialisa. Además, José Muñoz ha señalado que “la debilidad de Pérez Llorca y sus continuas cesiones ante la ultraderecha están convirtiendo la Comunitat Valenciana en un laboratorio de la inhumanidad”: “Cada vez que el PP cede ante Vox, la extrema derecha avanza, y cada vez que Pérez Llorca asume sus postulados, el racismo deja de ser un discurso marginal para convertirse en política de gobierno”.
