VALÈNCIA. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este lunes que el Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar un decreto-ley para actualizar el dinero que reciben cada mes las comunidades autónomas y los ayuntamientos como entregas a cuenta de la financiación de 2025.

El Gobierno desbloquea así una actualización que desde el mes de enero privaba a comunidades y ayuntamientos de un dinero que les corresponde y que la Agencia Tributaria está recaudando.

En el caso de la Comunitat Valenciana son casi 1.000 millones de euros -165 millones al mes- lo que la Generalitat ha dejado de percibir, lo que ha agravado su falta de liquidez crónica debida a la infrafinanciación. De hecho, en el primer trimestre el Consell que preside Carlos Mazón solicitó al Ministerio de Hacienda dos adelantos, de 500 millones cada uno, para poder hacer frente a sus compromisos.

El problema de las entregas a cuenta viene provocado por la falta de Presupuestos Generales del Estado de 2025. Al no haberse aprobado -el Gobierno ni siquiera los presentó-, y dado que tampoco los hubo en 2024, el dinero mensual a cuenta que se entrega a las CCAA es el de 2023, mientras la recaudación de la Agencia Tributaria y los gastos de las CCAA son mayores que hace dos años.

La solución en estos casos es que el Gobierno apruebe la actualización mediante un decreto-ley, cosa que en 2024 hizo en junio pero con fecha de actualización en septiembre, por lo que las CCAA estuvieron ocho meses sufriendo un recorte caprichoso del Gobierno de Sánchez que no tenía ninguna justificación. Aquella actualización valía solo para 2024, por lo que en 2025 se volvió a las cantidades de 2023.

"El PP votó en contra"

En declaraciones a RNE, donde realizó el anuncio, Montero recordó que el pasado mes de enero el PP votó en el Congreso -igual que Vox y Junts- en contra de un decreto ley ómnibus que actualizaba esas entregas a cuenta desde principios de año. Un argumento que ha venido utilizando estos meses para responsabilizar al partido que lidera Núñez Feijóo del retraso en la actualización.

No obstante, los populares advirtieron de que votaban en contra porque había medidas de ese amplio real-decreto con las que no estaba de acuerdo, y pidió que se aprobasen por separado en decretos-ley individualizados. El Gobierno aprobó ese mismo mes de enero otro decreto-ley con algunas medidas -que sí fue convalidado por el Congreso-, pero no incluyó la actualización de las entregas a cuenta a CCAA y ayuntamientos.

Tampoco lo hizo en febrero ni en marzo ni en abril ni en mayo, sin que Montero haya dado una explicación de por qué está reteniendo parte del dinero ya recaudado que corresponde gestionar a las CCAA. El Consejo de Ministros desvelará este martes cuándo van a cobrar los gobiernos autonómicos los atrasos.

Merino critica el "tacticismo" de la ministra

Tras conocer el anuncio de Montero, la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, acusó al Gobierno de haber "retenido" durante seis meses las entregas a cuenta y exitió a la ministra de Hacienda que no "tome por tontos a los ciudadanos de este país ni a los de la Comunitat Valenciana" porque este es "dinero de todos los valencianos".

"Ahora sí le interesa políticamente por puro tacticismo aprobarlas y parecer que ellos son necesarios, pero si las comunidades autónomas no reciben el dinero es puro tactitismo político. Lo ha sido durante todo este tiempo y lo es aprobarlo justamente mañana", afirmó Merino en declaraciones remitidas a los medios.

A juicio de la consellera, el Gobierno "no ha tomado las decisiones que tenía que tomar para atender las necesidades de los ciudadanos de esta comunidad en ningún momento". "Ha utilizado siempre la asfixia financiera de la Comunitat Valenciana durante todo este tiempo como armamento político para conseguir cosas y ahora vuelven a hacerlo con el tema de la actualización de las entregas a cuenta", criticó.

Merino exigió que el real decreto sea "únicamente para aprobar la actualización de las entregas a cuenta" y que, "inmediatamente", el Ejecutivo central apruebe el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario "que la Generalitat necesita para pagar a los proveedores de los servicios fundamentales".