VALÈNCIA (EFE). La Confederación de Taxistas Autónomos de Valencia ha lamentado que el decreto de transporte público aprobado recientemente por el Gobierno valenciano permitirá que los VTC (vehículos con conductor) "hagan de taxis sin ningún control" y "protege" a las plataformas y multinacionales dueñas de la mayoría de este tipo de vehículos.

La entidad afirma en un comunicado, tras publicarse el decreto en el Diari Oficial de la Generalitat el pasado 5 de junio, que la regulación confirma "la traición y mentiras" del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

"El conseller dice que protege al taxi pero el decreto protege a las plataformas y a las multinacionales dueñas de la mayoría de VTC", asegura la asociación, que anuncia que tomará decisiones cuando tengan informes detallados de sus servicios jurídicos.

Según indica la Confederación de Taxistas a partir del decreto, hay 2.000 VTC, que podrán hacer servicios urbanos por toda la Comunitat Valenciana y "trabajar casi como si fueran taxis" sin tiempo mínimo de precontratación al eliminarse los 15 minutos entre la contratación y la prestación del servicio, "sin ningún control administrativo, sin ningún límite para trabajar en urbano y sin ninguna capacitación del servicio".

La entidad afirma, respecto al informe exhaustivo anunciado que detalle la situación de la movilidad y de ambos sectores, que no se fía, después de cuatro sentencias en cuatro años que anulan resoluciones de tarifas "por informes muy pobres o inexistentes".

Además, critica que se ha buscado "el apoyo de cuatro floteros del taxi de una forma bajuna, que tendrán que decidir si toman partido por el sector o por su bolsillo".

Acusan al conseller de haber adoptado una posición "oscura y deshonesta" y haber tomado una decisión "de forma cobarde y traicionera, ocultando la verdad" del decreto e intentando "enfrentarnos internamente con las migajas de la acumulación (autorizaciones máximas) y regalando cientos de millones a cuatro multinacionales".

También descalifican lo que consideran "ineptitud" para negociar y "el tufillo a corrupción que les lleva a vender los servicios públicos a cuatro fondos extranjeros" y dicen esperar de los ayuntamientos que les obliguen a cambiar "esta cacicada".