VALÈNCIA (EP/P.P.). La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la Dana, ha pedido a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat y al Consorcio Provincial de Bomberos para que en el plazo de cinco días den información sobre la movilización el 29 de octubre de bomberos forestales para vigilar el río Magro, el barranco del Poyo, el área del puente de Carlet y las áreas de Torrent, Picanya y Paiporta.

El requerimiento llega después de la declaración de la Jefa de Servicio de Extinción de Incendios Forestales en el Centro de Coordinación de Emergencias, que confirmó que a las 12.48 horas, ya se movilizaron los bomberos forestales para controlar algunos puntos, entre ellos el barranco del Poyo, a la altura de los municipios valencianos de Torrent, Paiporta y Picanya, pero aseguró desconocer cuándo y quién ordenó su retirada. Con todo, cabe recordar que el entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, admitió en la comisión de investigación de la Diputación de Valencia haber ordenado su retirada por haber bajado el caudal a la hora de comer.

Sobre este tema, la jefa de servicio del departamento de Emergencias manifestó que el 29O se anotó por Emergencias en el Coordcom que, tras consultar con el coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, con relación a la movilización de bomberos forestales, "dan su visto bueno para su activación, y se pide que se concreten las unidades que se movilizan". Esta movilización se hizo para vigilar el río Magro y el barranco del Poyo, el área del Puente de Carlet, y las áreas de Torrent, Picaña y Paiporta. También se afirmó por la testigo que se anotó, a las 14:09 horas, que las brigadas de bomberos forestales no pudieron acceder a Utiel, según señala la magistrada en el auto. Con todo, la técnica admitió que en el 'chat interno' del Coordom no se avisó de la retirada del Poyo.

La jueza indica que las anotaciones efectuadas en el Coordcom expresadas por la testigo hacen referencia a las diferentes incidencias que se fueron produciendo durante el día 29 de octubre, por lo que "no son sino documentos de carácter administrativo creados en el ámbito de la gestión de la emergencia; informes administrativos, formados al amparo de la normativa estatutaria y legal en la gestión de la emergencia y protección civil" que no se encuentran amparadas por el secreto de las comunicaciones ni son injerencias en la vida privada.

En concreto, solicita, --y accede con ello a lo requedido por la acusación popular ejercida por Intersindical Valenciana--, la cronología de las anotaciones en el sistema, las agencias que fueron informadas y el cierre de cada intervención.

El caudalímetro 'fantasma' de Massanassa

Por otro lado, la jueza ha requerido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) información acerca de un punto de control del barranco del Poyo, un listado de alertas emitidas respecto al río Magro el 29 de octubre y la identificación de trabajadores que trabajaron la tarde de ese día en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y si alguno realizaba funciones específicas de guardia.

Así lo ha acordado en un auto ante una petición de la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa. En concreto, según el auto consultado por Europa Press, ha pedido los datos del punto de control 'Poyo-Massanassa' en la rambla del Poyo. En este caso, la magistrada señala que una testigo manifestó en el Senado que ese punto de control se encontraba en pruebas. Con independencia de esto, pide la confirmación de este extremo y la información de si, estando en pruebas, "se emitió algún dato el 29 de octubre de 2024 así como el punto concreto de localización", para lo que da un plazo de cinco días.

La instructora también ordena que se libre oficio a la Policía Judicial de la Guardia Civil para que aporte al procedimiento la grabación de una llamada registrada en el sistema denominado Coordcom del Centro de Coordinación de Emergencias a la que hizo referencia un responsable de ese órgano en su declaración como testigo y en la que supuestamente un predictor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) le comunicó, a las 16.00/16.30 horas, que las precipitaciones "se iban a la serranía de Cuenca".

La magistrada rechaza la obtención de la copia íntegra del sistema Coordcom porque implicaría el acceso a elementos que no poseerían relación con la investigación, comunicaciones de cualquier naturaleza y medio, de manera indiscriminada, lo que "no es admisible, dada la índole de los delitos objeto de investigación homicidios y lesiones imprudentes, como se ha expresado en previas resoluciones". No obstante, señala que cuestión distinta es la obtención de la específica grabación de la comunicación a la que alude el testigo y, respecto de la cual, esa persona que intervino en esa conversación consintió su aportación al procedimiento.

En esta resolución, la jueza deniega otras diligencias por considerar que no guardan relación con la investigación, como la testifical del secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat o los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas de la licitación del servicio SAIH, o que resultan redundantes al figurar ya esos datos en las actuaciones, entre otras razones.

Convenio

Igualmente, la magistrada solicita la remisión de un convenio de colaboración suscrito entre la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y el Consorcio de Bomberos de 2024 para la encomienda de gestión de los medios del Servicio de Bomberos Forestales a la provincia de Valencia.

Por último, reclama al propio Consorcio que remita un informe donde se incluya información sobre el momento a partir del cual se iniciaron los primeros rescates por la dana el 29 de octubre, y el número de los que se efectuaron hasta las 15 horas de ese día, al tiempo que cita a declarar como testigo a un integrante de la plantilla de esa institución.