VALÈNCIA. Sigue la investigación sobre un audio del día de la Dana entre el servicio autonómico del 112 y la Agencia Española de Meteorología (Aemet) que acabó en prensa, manipulado y recortado, para desacreditar el trabajo de la agencia estatal durante la catástrofe. El juzgado de Instrucción 6 de Llíria indaga cómo se produjo la filtración de la grabación que la Generalitat Valenciana tenía la obligación legal de custodiar y ordenó a la Guardia Civil averiguar "la persona o personas" que accedieron a la grabación.

Por el momento el Instituto Armado ha identificado a los técnicos del departamento de Emergencias vinculados al área de comunicaciones y tecnológica así como a los superiores de la trabajadora del 112 que participó en aquella llamada. La Policía Judicial de la Guardia Civil envió a la Conselleria de Emergencias un requerimiento en el que pedía "los datos de identificación completos" de estos empleados y la administración autonómica respondió el pasado 24 de noviembre.

El escrito, firmado por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, identifica al jefe de Sección de Comunicaciones y al responsable de la plataforma tecnológica del 112, del que dice que es "personal externo" porque es un trabajador de Ilunion, la contrata que gestiona el teléfono 112. Además, señala que la trabajadora del centro de emergencias que participó en aquella llamada "depende funcionalmente" de un servicio dirigido por la jefa Inmaculada Piles e inscrito en la subdirección general que encabeza el propio Suárez. La respuesta da los datos de contacto de todos estos técnicos.

La empleada de la Generalitat Valenciana que participó en la llamada era una técnico de la Sala de Mando y Control del Centro de Coordinación de Emergencias. Tanto ella como la operadora de la Aemet comparecieron en calidad de testigos por videoconferencia en el juzgado de Llíria a principios de noviembre, tal como publicó Valencia Plaza, aunque según fuentes conocedoras de sus declaraciones, no pudieron aportar demasiada información para la causa. Fue después de esto cuando la Policía Judicial requirió a la administración autonómica que identificase a los mencionados cargos.

El juzgado abrió la investigación el pasado 9 de julio por presunto delito de revelación de secretos a partir de una denuncia de la Fiscalía Provincial, a su vez basada en un escrito de la Aemet. Así, ordenó al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil que indagase en los protocolos de conservación de las llamadas del centro de coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, así como "el método de acceso a las grabaciones y la determinación de la persona o personas que accedieron" a la grabación en cuestión entre el día de marras y el 12 de febrero de 2025.

Por el momento, el instituto armado ha aportado documentación sobre el sistema integrado de gestión y comunicaciones de emergencias, que conecta a través de la plataforma Coordcom al departamento del 112 con decenas de "agencias integradas", tanto servicios de emergencias, cuerpos de rescates, compañías públicas estratégicas y agencias como la Aemet. En este sistema se registran todos los contactos de una emergencia y, según explica la documentación recabada, "todos los datos se registran en la base de datos", que además cuenta con un plan de copias de seguridad. La plataforma "registra y almacena las grabaciones de las comunicaciones gestionadas" y quedan alojados "tanto los ficheros de grabaciones cono los ficheros adjuntos a los “casos”, de manera que toda la información reside centralizada en dicho reposltorio".

Aunque la jueza ofreció acciones legales tanto a la agencia estatal como a la Generalitat Valenciana, responsable del servicio del 112, solo la primera se ha presentado en calidad de perjudicada, al considerar "evidente" que se buscó menoscabar su prestigio con la filtración malintencionada. Será defendida por la Abogacía del Estado. Por su parte, la administración autonómica ha decidido no personarse en la causa, como publicó Valencia Plaza.

En la llamada, la predictora de Aemet informaba de que se mantenía para esa jornada el aviso rojo por la Dana y avisaba de que la tarde sería más complicada en el interior norte de Valencia, pero el audio que se filtró estaba recortado y solo se le escuchaba asegurar que no iba a "marear con más avisos" y que las precipitaciones máximas "irían hacia el norte y hacia el interior". También se ocultaba cómo, más tarde, la meteoróloga advertía "a las 3 de la tarde empieza lo peor como hasta allá las 6 de la tarde", y que al final la técnica de Emergencias concluía: "Ahora nos queda a nosotros también las consecuencias de las lluvias, con todos los caudales, pero bueno, poco a poco".

Figuras importantes del PP valenciano, entre ellas el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, emplearon las noticias que se hicieron eco del audio manipulado para atacar directamente el papel de la Aemet, una de las estrategias que ha seguido el Ejecutivo valenciano hasta la dimisión del titular del Consell. Cabe recordar que es la administración valenciana la encargada de custodiar dichas conversaciones, según la denuncia de la Fiscalía: "Las grabaciones de las comunicaciones realizadas durante la gestión de una emergencia son conservadas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana".

En ese sentido, el escrito de la acusación pública recordaba que "toda información relativa a la gestión de un incidente de la emergencia gestionado por el 112" debe ser puesta a disposición "de todos los servicios esenciales involucrados, a los estrictos fines de su gestión" pero que una vez "finalizada la gestión del incidente de emergencia, únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial”. De manera que extraer estas conversaciones fuera del circuito interno sin el requerimiento de un juzgado estaría prohibido y puede considerarse delito.