VALÈNCIA. Tras casi dos décadas de idas y venidas, el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) ha resuelto la adjudicación de 31 licencias de FM de la Generalitat Valenciana. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este miércoles una veintena de resoluciones - una por cada localidad afectada - que sitúan a Radio Popular (Cadena Cope) como la firma a la que se han otorgado un mayor número de concesiones, con un total de 13. La cifra asciende a 16 si se suman las adjudicaciones a Marengo Media, firma vinculada al entorno de este medio de comunicación.
El reparto ha beneficiado a una decena de empresas. En la ciudad de València, Radio Popular (Cope) y Radio LP (Vocento) se han llevado las dos concesiones. En Castellón de la Plana, las seis licencias se han repartido entre la Cadena Ser, Radio Mediterráneo Azul (La Ocho), Uniprex (Onda Cero), Radio LP y Radio Siete.
En Alicante, la Cadena Cope se ha llevado la adjudicación. Lo cierto es que esta radio se ha llevado buena parte del concurso: en Benicarló, Benicàssim, Utiel, la Vall d'Uixó, Monforte del Cid, Requena y Villena ha logrado la única concesión que formaba parte de este concurso.
En la zona de Alcoy, Marengo Media, Onda Cero y la propia Cadena Cope se han llevado las tres concesiones. En Jávea y l'Olleria, la beneficiaria de las únicas dos licencias ha sido Marengo Media. Por su parte, Onda Cero se ha llevado las concesiones de Dénia y Vinarós; mientras que Producciones Artesanales (Radio Amedida) ha sido la agraciada en Segorbe.
Por su parte, las dos licencias en Gandia han sido para la Cadena Cope y Radio Mediterráneo Azul. Esta última firma se ha llevado también una de las vinculadas a Novelda, mientras la otra ha sido para Radio Elche (relacionada con la Cadena Ser). En Xixona, las dos concesiones han sido para Onda Cero y la Cadena Cope.
Por su parte, la licencia referente a Vilafranca del Cid ha tenido como adjudicataria a la firma Comunicacions dels Ports, empresa administrada por Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, con una causa judicial pendiente sobre las ayudas al valenciano de la Generalitat.
Las licencias adjudicadas se otorgan por un plazo de quince años y no podrán ser transmitidas durante ese periodo. Las empresas deberán garantizar la prestación continuada del servicio, difundir gratuitamente y citando su procedencia los comunicados de interés público, cumplir con su horario mínimo de emisión, conservar sus emisiones durante seis meses o facilitar las funciones de inspección y control del CACV, entre otras cuestiones.
Además, estas firmas deben dedicar un mínimo del 25% de su programación semanal al ámbito de la zona de licencia. El porcentaje oscila según cada firma, siendo en la mayoría de los casos superior al 50%. En las resoluciones también figura un compromiso de uso mínimo del valenciano, salvo en las localidades de Segorbe, Monforte del Cid, Requena, Utiel y Villena.
Casi veinte años de enredo
Estas 31 licencias estaban pendientes de repartir desde que el Consell de Francisco Camps convocase en febrero de 2007 un concurso que no adjudicó durante los cuatro años y medio restantes que estuvo al frente de la Generalitat. Su sucesor, Alberto Fabra, declaró desierta aquella licitación y convocó un nuevo concurso en noviembre de 2011. A este se presentaron 462 ofertas de 115 empresas con la previsión de adjudicarse en seis meses. Fabra tampoco firmó el reparto durante su mandato y la pelota recayó en 2015 sobre el Consell del Botànic, con Ximo Puig a la cabeza.
Este ejecutivo tampoco lo quiso adjudicar y un año después encontró un resquicio supuestamente legal para renunciar a la adjudicación e iniciar la tramitación de un nuevo concurso, finalmente convocado en 2018. No obstante, Radio Amanecer, filial de Radio María, recurrió el proceso, el TSJCV le dio la razón y el Tribunal Supremo lo ratificó. Con ello, la Generalitat Valenciana debía adjudicar el concurso convocado en 2011 y anular el impulsado por el Botànic.
Mientras todo el enredo judicial seguía su curso, la competencia para la adjudicación del concurso también fue cambiando de manos. A finales de 2020, Puig delegó en la Conselleria de Hacienda, concretamente a la Dirección General de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC), las competencias sobre licencias de radio y televisión.
Las funciones, no obstante, pasaron pocos meses después al tejado del recién creado Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, ya que la ley del Servicio Público de Radiodifusión del ámbito autonómico establece que este ente deberá "intervenir en los procesos de adjudicación de licencias".
Tras reabrir el proceso en 2024, ha sido ahora cuando el órgano que preside José María Vidal ha resuelto el enredo con la adjudicación de las 31 licencias de FM. Curiosamente, Vidal fue el primer gestor del Botànic con competencias para resolver esta problemática, pues fue el secretario autonómico de Comunicación en el primer mandato de PSPV y Compromís. Ahora, como presidente del CACV ha sido el encargado de firmar las resoluciones con las que, preivisiblemente, concluirá un proceso de casi veinte años.
Modificaciones en adjudicatarias iniciales
De hecho, el concurso lleva tanto tiempo enfrascado que se han tenido que hacer modificaciones en las propuestas de adjudicación por diferentes motivos. Por ejemplo, Sauzal 66 (Intereconomía) había sido propuesta para la adjudicación de seis licencias que, finalmente, no se ha podido llevar al estar en fase de liquidación de un proceso concursal. Canal Maestrat iba a ser la adjudicataria en Vilafranca del Cid y Segorbe, pero ya se encuentra extinguida. Mientras que, en el caso de Onda Cero, se ha tenido que acreditar su absorción por parte de la firma Uniprex.
También se ha procedido a la exclusión de Libertad Digital, Radio Amanecer, Newposition, Maria Forcadell García e Innovación Radio por incumplir la condición de dedicar "un porcentaje semanal mínimo del 25% de programas dedicados al ámbito de la zona de servicio de la licencia y por constar una declaración expresa de contravenir el pliego de condiciones, rector del concurso, así como el régimen jurídico vigente en el momento de la convocatoria".
Se ha realizado una resolución independiente por cada municipio con la intención de "garantizar que la eventual impugnación de una adjudicación no afecte ni paralice la eficacia del resto". Contra cada una de ellas cabe recurso de reposición ante el CACV en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación.
