VALÈNCIA. La Fiscalía ha remitido un escrito al juzgado que sigue la investigación por la Dana del pasado 29 de octubre en respuesta al recurso de la asociación Hazteoir, que señalaba la posible responsabilidad de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en la tragedia. En él, el Ministerio Fiscal insiste, como ya había apuntado la jueza instructora, que la dirección de la emergencia correspondía a la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y que era la responsable de las medidas de protección a la ciudadanía, mientras que Bernabé no tenía "un dominio funcional del riesgo", por lo que no se le podría imputar ningún delito.

El escrito, al que ha tenido acceso Plaza, está fechado el pasado 21 de marzo y suscrito por el representante de la Fiscalía, Cristóbal Melgarejo, y señala que la titular de la Conselleria de Emergencias, Salomé Pradas, tenía la condición de "directora del plan especial frente al riesgo de inundaciones" y fue la que declaró la situación de emergencia dos. "Por ende, le competía la dirección de dicho plan, y, consustancialmente, la función de determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse", aclara el representante del Ministerio Fiscal.

Hazteoir partía de "la premisa de la invocada competencia de la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana para adoptar decisiones que hubieren evitado los fallecimientos o lesiones de personas, o disminuido el número de personas fallecidas o lesionadas", pero la Fiscalía insiste en que "el cometido de la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, [Pilar Bernabé] al no ser declarada la situación de emergencia de interés nacional, era de estricta coordinación de la administración estatal con la autonómica".

Así pues, "respecto al resultado generado", las muertes y las lesiones provocadas por las inundaciones -la instrucción se centra en los presuntos delitos de homicicos y lesiones imprudentes-, no puede "imputársele, desde la perspectiva del principio de culpabilidad que rige el derecho penal, la falta de adopción de decisiones que hubieren evitado o atenuado el referido resultado". Ella, al fin y al cabo, no se hallaba "en la posición de garante ni tener un dominio funcional del riesgo".

Estas aseveraciones las hace justo después de hacer un repaso a la normativa de emergencias y protección civil, según la cual la competencia es de la comunidad autónoma y el mando único recae en el titular de la conselleria del ramo, quien tiene la función, entre otras, de "determinar las medidas de protección más convenientes para las personas, los bienes, el medio ambiente y para el personal de los servicios de intervención".

El director del plan frente al riesgo de inundaciones también es el titular de la conselleria y a esta figura le corresponde "declarar la situación de preemergencia, emergencia y su finalización [...], declarar la orden de constitución del Cecopi, determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia las medidas de protección a la población que deban de adoptarse, y determinar la información que debe facilitarse a la población y a los medios de comunicación social en relación con la situación de emergencia".

Es la Audiencia Provincial la encargada de resolver el recurso de apelación presentado por HazteOir. Si bien es cierto que, tal como publicó eldiario.es, la jueza instructora resolvió excluirla al haberse rechazado su querella, en la que apuntaba a Bernabé y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. La asociación pide ahora seguir en la causa en calidad de acusación popular y no en calidad de querellante.