VALÈNCIA (EFE). La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supondrá un ahorro de 39 millones de euros para la Comunitat Valenciana en los próximos diez años, y cerca de 300 millones para las doce comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia.
Según el Gobierno, su implantación, en cambio, solo requerirá en este momento una inversión de alrededor de 2 millones de euros por parte de la región, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma.
Así se desprende de un análisis que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha realizado para presentar este viernes en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, centrada en el proceso de la reforma de la Justicia.
Finalmente, el pleno no ha podido celebrarse por no haber alcanzado el quorum de asistentes, tras el abandono de diversos gobiernos autonómicos, entre ellos el valenciano, ha informado el Ministerio de Justicia, que lamenta que no han podido escuchar las cifras que afectan a sus territorios ni compartir sus esfuerzos para la implementación de la nueva ley o escuchar al resto de comunidades.
No obstante, el ministerio y los consejeros de País Vasco, Cataluña, Canarias, Navarra y Asturias han mantenido la reunión en los términos previstos.
39 millones de euros de ahorro en 10 años
El estudio realizado por el Ministerio detalla que, en la Comunitat Valenciana, el ahorro previsto gracias a la Ley de Eficiencia superará los 39 millones de euros en una década.
El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta cuántos órganos judiciales se crean cada año de media y el hecho de que, hasta ahora, esto suponía la creación de un juzgado y toda su estructura (inmuebles, personal, etc), con un coste de 400.000 euros.
Con la nueva ley, en cambio, el coste de crear una nueva plaza de juez será de 86.000 euros, ya que dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado.
Más de 42 millones invertidos
La inversión que el Ministerio ya ha realizado en la Comunitat Valenciana para adaptar sus estructuras a la Ley de Eficiencia asciende a 42 millones, la mayoría procedentes de fondos europeos, lo que supone "una cifra histórica para modernizar este servicio público y avanzar en la implantación del nuevo modelo organizativo".
Por otra parte, se requiere un esfuerzo por parte de las Comunidades con competencias transferidas para culminar la adopción del nuevo modelo de Oficina Judicial, clave para la nueva organización prevista en la ley.
Aunque su creación está prevista desde hace veinte años, su implantación es muy desigual en el territorio. En el caso de la Comunitat Valenciana, es del 0 %, según las mismas fuentes.
La nueva estructura, que arranca el 1 de julio y se completará el próximo 31 de diciembre, facilitará la dotación de más plazas judiciales en los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que su creación dejará de estar vinculada a la implantación de un juzgado.
La Generalitat exige recursos financieros y coordinación
La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha exigido recursos financieros y coordinación al Gobierno central para la implementación de la nueva Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor este jueves.
Las siete comunidades del PP con las competencias de justicia transferidas, entre ellas la valenciana, han plantado al ministro Félix Bolaños en la reunión que debía celebrarse en Barcelona para abordar la nueva ley de eficiencia judicial, al considerar que se trata solo de una foto y no aborda cuestiones esenciales como la financiación.
“Creo que nadie puede dudar de la necesidad de dotar de una mayor eficiencia y agilidad a la Justicia, pero no podemos eludir la cuestión de la financiación, y más en el caso de la Comunitat Valenciana, una autonomía que padece una infrafinanciación estructural y que, además, está afrontando en solitario la reconstrucción y recuperación social y económica tras la tragedia de la riada, ocurrida el pasado 29 de octubre”, ha afirmado Martínez.
La nueva norma producirá "grandes cambios" en la organización y la estructura judicial y, si el Ministerio no proporciona los recursos necesarios "podemos sufrir el colapso de los tribunales", ha concluido.
