VALÈNCIA. Este lunes se inicia la tercera semana de la huelga educativa convocada por las organizaciones más representativas de la Comunitat Valenciana después de que las negociaciones entre los colectivos y la Generalitat fracasaran en los días previos.
Tal y como informó este diario, el desgaste de esta inactividad escolar y de las manifestaciones se centra en tres cargos políticos principalmente: la consellera de Educación, Carmen Ortí; el titular de Hacienda, José Antonio Rovira, y el propio presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como último y máximo responsable del ejecutivo valenciano.
No obstante, en estos días, dentro de las organizaciones sindicales ha aumentado la percepción de que, internamente, es Rovira el principal causante del bloqueo en las negociaciones. De hecho, no en vano la protesta en la última semana se ha dirigido en buena parte a instar al jefe del Consell que asuma en primera persona las conversaciones, una manera esta de sortear a Ortí y al propio Rovira.
Este pensamiento de los colectivos sindicales es corroborado en privado por algunos miembros del ejecutivo valenciano. Las palabras del titular de Hacienda, el poseedor de la llave de la 'caja' valenciana, tienen mucho peso en las decisiones finales.
Algo que en cierta medida tiene lógica si se entiende que uno de los mayores problemas -si no el principal- para llegar a un acuerdo es el económico. La última oferta de la conselleria elevaba a 200 euros mensuales el aumento salarial de los docentes, lo que tal y como informó este diario, supondría unos 224 millones de euros para las arcas públicas sin tener en cuenta los costes de la seguridad social. Una cifra considerable que, si debe mejorarse, obliga a la autorización del responsable de Hacienda.
En este sentido, cabe recordar que en la última propuesta presentada por el Gobierno valenciano también figuran otros desembolsos como por ejemplo las ayudas a ayuntamientos para la adecuación de los centros. De esta medida y de otras que implican un aumento de los gastos, no se ha comunicado el coste por parte de la Generalitat, pero resulta evidente que es el departamento de Rovira el que debe haberlas cuantificado y autorizado.
Prueba de este peso del conseller de Hacienda es que el martes se reunieron Pérez Llorca, Ortí y el propio Rovira con sus respectivos equipos para garantizar que el contenido de la propuesta que se presentara a los sindicatos -que finalmente fue rechazado- estuviera respaldada en los presupuestos que, a día de hoy, el Consell todavía no ha presentado.
En este contexto, resulta fundamental recordar que Rovira, antes de tomar los mandos de Hacienda en diciembre, fue precisamente conseller de Educación, donde tuvo no pocas discrepancias con las organizaciones sindicales que ahora capitanean esta huelga. Más aún, cabe recordar que el grueso del equipo que dirigía Rovira, ha continuado en la conselleria aunque ahora bajo a las órdenes de Ortí, una dirigente que fue propuesta para este cargo por parte de la alcaldesa de València, María José Catalá.
Así, piedras angulares de la negociación con los sindicatos, como el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y otros miembros del segundo escalón de la conselleria, como el director general de Personal Docente, Francisco Pablo Ortega Gil, o el director general de Centros Educativos, Jorge Cabo, ya estaban en sus cargos con Rovira como conseller.
Prueba de que los sindicatos empiezan a referenciar al titular de Hacienda como el principal obstáculo para que la Generalitat cede a sus exigencias, la manifestación organizada este viernes comenzó, precisamente, en la calle Palau, donde se ubica la sede de este departamento.
