VALÈNCIA. Habemus decreto. El Consell ha aprobado este viernes, tal y como contaba este periódico, la regulación del sector del taxi y las VTC que tanto se ha hecho esperar. Aunque su aspiración es salomónica, el corazón de la norma golpea de lleno a la principal reivindicación de los taxistas. Y es que ls Generalitat concede a los vehículos con conductor como Cabify y Uber la potestad de realizar servicios urbanos y, además, elimina la precontratación de 15 minutos.

Esta norma, que se lleva esperando más de un año desde que el Ejecutivo valenciano anunciara que se ponía a trabajar en un nuevo marco normativo para facilitar la convivencia de ambos modelos, llega después de meses de tensas negociaciones y movilizaciones en las calles. Con este decreto, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que dirige Vicente Martínez Mus trata de poner fin a la inseguridad jurídica que arrastra el servicio desde hace años. De hecho, desde la Generalitat recuerdan que los tribunales han tumbado normativas estatales, autonómicas e incluso locales, especialmente algunas de las aprobadas durante la etapa del Botànic.

El decreto trata de repartir concesiones entre las dos partes. Así, además de abrir definitivamente la puerta a que las VTC puedan operar en trayectos urbanos sin la obligación de esperar 15 minutos desde la contratación, el Consell también introduce medidas reclamadas históricamente por el taxi.

Entre ellas, destaca la congelación de nuevas licencias tanto para VTC como para taxis ante la avalancha de solicitudes registrada tras el decaimiento de la normativa anterior. La suspensión se mantendrá vigente hasta que la Generalitat elabore un informe sobre la situación de la movilidad y del propio sector. No obstante, en el caso del taxi sí se contemplan excepciones cuando exista un incremento de la demanda o sea necesario ampliar la flota de vehículos adaptados para personas con discapacidad.

Además, el Consell endurece el régimen sancionador para tratar de evitar incumplimientos por parte de las VTC. Las multas podrán alcanzar los 6.000 euros e incluso implicar la inmovilización del vehículo en casos como captar clientes en la vía pública sin contratación previa o prestar servicio fuera del ámbito permitido por la autorización.

La norma también modifica aspectos estructurales del taxi. Por un lado, amplía el número máximo de autorizaciones que puede acumular un titular, que pasa de una a tres licencias (o hasta cinco en el caso de vehículos adaptados), una medida con la que la Generalitat pretende favorecer la contratación de conductores y aumentar la oferta sin incrementar el número total de permisos.

Asimismo, desaparece la exigencia de dedicación exclusiva al taxi, aunque seguirá siendo incompatible simultanear esta actividad con una licencia VTC. También se flexibiliza la transmisión de licencias por herencia y se permite a los municipios abandonar las áreas de prestación conjunta si así lo deciden.

Desde la Conselleria defienden que el texto busca un "equilibrio" entre dos modelos enfrentados y sostienen que el principal beneficiario debe ser el ciudadano "en un contexto de aumento de la movilidad". Una tesis que, sin embargo, previsiblemente volverá a abrir el choque con un sector del taxi que llevaba años defendiendo mayores restricciones a las VTC, sobre todo con el impedimento de realizar servicios urbanos.