VALÈNCIA. En un contexto de escalada en los precios de la vivienda, tanto del alquiler como la compraventa; de una producción de obra nueva a la baja y de oferta residencial exigua, el Síndic de Greuges pega un fuerte tirón de orejas a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda por "las demoras en los procedimientos de adjudicación de viviendas públicas y las deficiencias en la gestión y abono de ayudas". Pero no solo eso, sino que la entidad carga duramente contra el departamento que dirige Susana Camarero al asegurar que "ofrece la callada por respuesta" cuando se ha dirigido a este departamento para resolver las quejas ciudadanas que recibe.

Asimismo, en materia de servicios sociales, el organismo que preside Ángel Luna, señala que el número de quejas ha experimentado un aumento "descomunal" del 50% en comparación con 2023, algo que "debe hacer saltar todas las alarmas". Así lo recoge el informe anual de esta institución que Luna ha entregado este martes a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, acompañado por la adjunta primera, Concha Bru, y el adjunto segundo, Carlos Castillo. Un informe que refleja que la antigua Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la actual de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda son las que más quejas reciben de todo el Consell tanto en el del Botànic como en el de PP y Vox.

Un incremento del 24,24% de las quejas en vivienda

De este modo, en 2024 se elevaron un 24,24% el número de quejas de la ciudadanía en materia vivienda, pasando de las 132 en 2023 a las 164 del pasado ejercicio. En rueda de prensa, el síndic criticó de nuevo el comportamiento de la administración autonómica al considerar que "no está respondiendo adecuadamente a las quejas de la ciudadanía, ignorando sus obligaciones". "No responde a las recomendaciones que le formulamos ni, lo que es peor, a las personas afectadas", señaló Luna. 

Unas palabras que coinciden con el sentir del informe, que incide en el grave problema del acceso a una vivienda digna en la autonomía. "Partimos de la firme convicción, y así lo hemos expuesto hasta la saciedad, de que sin vivienda la mayoría de los derechos fundamentales, no son, sencillamente, posibles", remarca. Así, el documento hace alusión a las reflexiones y críticas del informe de 2023, en el que la institución se refería a "las reducidas dimensiones del parque público de vivienda" como "el principal obstáculo para lograr la plena efectividad del derecho al disfrute de una vivienda digna". Asimismo, criticaba los procesos de adjudicación de inmuebles, problemáticas que, según reitera, han continuado, lo que califica de "difícil y descorazonador".

A esta situación se suma, señala el infome, el hecho de que "la Administración autonómica viene ofreciendo la callada por respuesta cuando, al resolver los expedientes de queja de las personas afectadas, le hemos recordado sus obligaciones en materia de Vivienda". "Son así crecientes los supuestos en los que debemos finalizar nuestra intervención en relación con un problema tan grave como el de una unidad de convivencia (en ocasiones en las que conviven personas menores de edad) que necesita una vivienda, sin que la Administración ni tan siquiera ofrezca una respuesta al Síndic de Greuges y, lo que es más importante, tampoco a las personas interesadas, manifestando su posición sobre las recomendaciones que le hemos formulado", subraya.

Las temáticas que mayor volumen de quejas han concretado ha sido las demoras en los procedimientos de adjudicación de viviendas públicas y las deficiencias en la gestión de ayudas, tanto al alquiler como a la rehabilitación. De hecho, como publicara este diario, en 2024 se congelaron las ayudas a la rehabilitación, lo que propició malestar en el sector y desconcierto en comunidades de vecinos.

Al respecto, el organismo cree que la Administración, en lugar de "ser mera gestora de escasas viviendas públicas", debe "aplicar un sistema de gestión integral de las necesidades de vivienda de la ciudadanía más vulnerable, y de atribución real y efectiva de un recurso a quien lo necesita". En cuanto a la gestión de estas partidas, el síndic recrimina que sea "un sistema de gestión aquejado de evidentes y graves deficiencias, que conduce a que las personas solicitantes sufran demoras injustificables, en ocasiones de varios años, a la hora de obtener una resolución o de que se les abone una ayuda previamente reconocida".

"Nada se ha corregido"

En materia de Servicios Sociales, las quejas reflejan principalmente problemas en la gestión de la dependencia, la diversidad funcional y la renta valenciana de inclusión. A pesar de los reiterados llamamientos del Síndic en años anteriores para revisar los procedimientos, la situación no ha mejorado. "Nada se puede añadir porque nada parece haberse corregido", se lamenta el informe, que denuncia que el trasiego de expedientes entre las administraciones locales y la Conselleria sigue generando retrasos y desesperación entre los afectados.

En este sentido, alude a un informe de 2021 - cuando gobernaba el Govern del Botànic- en el que ya advertía sobre los graves retrasos en la gestión de la dependencia, la renta valenciana de inclusión y la diversidad funcional. También denunciaba fallos en los sistemas informáticos utilizados para tramitar estas prestaciones, lo que provocaba más demoras. El Síndic ya criticó la burocracia excesiva y el exceso de control sobre los procedimientos delegados a los ayuntamientos, sin otorgarles capacidad de decisión efectiva.

"El que espera, desespera", advierte el Síndic en el actual informe, en el que insiste en la urgencia de simplificar los procedimientos para hacerlos más ágiles. "¿De verdad no se puede hacer un esfuerzo por reducir la burocracia como venimos reclamando en los cientos de resoluciones que dictamos cada año?".

Según los datos de la propia Conselleria de Servicios Sociales, los expedientes pendientes de resolución que han superado el plazo legal ascienden a más de 50.000 en toda la Comunitat Valenciana. "Una cifra escandalosa, se mire como se mire", denuncia el Síndic. Ante la gravedad del problema, la institución ha decidido abrir una queja de oficio que será detallada en el informe de 2025.

El Síndic también subraya que estos servicios representan "el paradigma de los derechos sociales", fundamentales para garantizar la dignidad humana. "Cuando las administraciones incumplen las previsiones legales, debemos denunciar la falta de medios dedicados a su cumplimiento", reitera el informe, que critica que, sin recursos adecuados, las leyes "se convierten en papel mojado".

Camarero se defiende 

Mientras, la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales señalaba este martes en la rueda de prensa del Consell que las quejas son "los últimos coletazos de la gestión del Botánic" y de "su ineficacia" y ha recalcado que "evidentemente hay que mejorar la situación". "Partimos de una situación muy complicada y estamos trabajando por mejorar", subrayaba. La consellera apuntaba que una de las quejas es por la falta de plazas residenciales como "hemos dicho por activa y por pasiva desde este Gobierno" porque "tenemos 24.000 plazas residenciales que se necesitan y que, por culpa de la ineficacia del Gobierno del Botánic, hoy no están a disposición de los valencianos". Así, ve "normal" que los valencianos "tengan todo derecho a solicitar esas plazas" y ha recalcado que desde este nuevo Gobierno están "trabajando" para solucionarlo.

Respecto a las quejas por dependencia, señalaba que el número de personas atendidas en el sistema a 1 de enero del 25 marca un "récord histórico de 168.429 personas atendidas en el sistema" y "660 millones destinados", lo que ha permitido "reducir la lista de espera en un 20%, 20.653 personas más en el sistema".
Preguntada por si no hace autocrítica respecto a los datos que arroja el informe, ha replicado: "Evidentemente, nosotros trabajamos por obtener los mejores servicios sociales y por eso hemos incrementado el número de personas atendidas en el sistema de dependencia y estamos trabajando para la reducción de las listas de espera, en una mejor renta valenciana de inclusión, y en que los expedientes de discapacidad se revisen y se tengan en el menor tiempo posible y que no tengan que esperar hasta dos años o incluso más".