VALÈNCIA. El PP busca flexibilizar la normativa urbanística para facilitar la llegada de empresas a los municipios en riesgo de despoblación. Para ello, ha registrado una enmienda a la Ley de Acompañamiento con la que plantea reducir las exigencias para la implantación de actividades industriales en suelo no urbanizable común de estas localidades, eliminando algunas de las limitaciones que hasta ahora regulaban este tipo de proyectos. La propuesta forma parte del paquete de modificaciones impulsado por el grupo popular a la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, que cada año acompaña a las cuentas autonómicas y sirve para introducir cambios normativos.
En concreto, la enmienda modifica el artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), que regula precisamente los usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable, con el objetivo de atraer inversión y actividad económica a las zonas con mayores problemas demográficos. Así, la propuesta del PP elimina algunos de los principales requisitos que actualmente exige la normativa e incorpora un nuevo supuesto para permitir la llegada de industrias cuando "no exista o resulte inadecuado" el suelo urbano o urbanizable de uso industrial disponible en el término municipal.
En estos casos, las empresas ya no tendrán que cumplir dos de las condiciones que impone la normativa vigente para este tipo de actuaciones: disponer de una parcela mínima de 10.000 metros cuadrados y mantener libre de edificación el 50% de la superficie, destinado a uso agrario o forestal.
Con esta modificación, los populares buscan adaptar la regulación urbanística a la realidad de los municipios del interior, donde la escasez de suelo industrial y las limitaciones del planeamiento dificultan la llegada de nuevas inversiones.
Pero, además, la enmienda también incorpora otras reformas importantes que van en la línea de conseguir una mayor protección entre las actividades industriales peligrosas y los usos residenciales. Así, el texto recoge la incorporación de nuevos apartados en el articulado para establecer con carácter general una distancia mínima de 500 metros entre las industrias que impliquen riesgos para la salud o manipulación de sustancias peligrosas, y los suelos destinados a vivienda, centros educativos, sanitarios o determinados usos terciarios.
De igual modo, los nuevos desarrollos urbanísticos no podrán prever usos residenciales, educativos, sanitarios o terciarios especiales a menos de 500 metros de este tipo de instalaciones industriales. No obstante, los ayuntamientos podrán establecer excepciones en sus instrumentos de planeamiento, siempre que recaben los informes técnicos y sectoriales correspondientes de las administraciones competentes, reza el texto del PP.
Asimismo, la enmienda contempla que esa distancia de seguridad de 500 metros pueda modificarse cuando la normativa sectorial o los órganos competentes en materia de seguridad industrial y protección civil establezcan otros criterios o distancias específicas.
Por otro lado, la propuesta incluye también una renovación del norma para facilitar que edificaciones preexistentes puedan obtener licencia de ocupación si cuentan con servicios básicos y se garantiza la urbanización.
