VALÈNCIA. Los designios de la Administración son inescrutables y, en ocasiones, parecen ser hasta irónicos. Como lo que sucede con el plan estrella del Consell para agilizar el papeleo burocrático al que se someten empresas y ciudadanos, el denominado Plan Simplifica.
Y es que la segunda versión de esta iniciativa legislativa se ha topado con varias objeciones por parte del Gobierno central, lo que conduce a un largo proceso de negociación que deja varias disposciones en un limbo.
En concreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha manifestado discrepancias sobre seis artículos y una disposición transitoria del decreto ley conocido como Simplifica II, por lo que ha abierto una comisión bilateral con el Consell para buscar un acuerdo que las solucione y evite un recurso de inconstitucionalidad, según las resoluciones que publican este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat y el Boletín Oficial del Estado.
Se trata de otra piedra más en el camino para esta normativa después de que Vox, pese a que convalidó la iniciativa en Les Corts, pidiera tramitarla como proyecto de ley junto al resto de la oposición para poder presentar enmiendas. De este modo, la segunda parte del Plan Simplifica (que fue la primera norma bajo el mandato de Juanfran Pérez Llorca) se encuentra inmersa en una tramitación que suele durar varios meses. El proceso incluye la presentación, debate en comisión, enmiendas y aprobación final en el pleno, seguido de su publicación en el DOGV.
En concreto, el Gobierno ha expresado su desacuerdo sobre los artículos 23, 25, 26, 42, 45 y 83 y la disposición transitoria segunda del Decreto-ley 14/2025, de 26 de diciembre, del Consell, de medidas urgentes contra la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado. Llama especialmente la objeción sobre el artículo 83, relativo a la modificación del Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.
No aclaran dónde está la discrepancia
Pese a los reiterados intentos de este periódico por obtener alguna explicación por parte del Gobierno sobre el fondo de estas objeciones, ni delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ni el Ministerio de Política Territorial han facilitado información al respecto.
Por su parte, la Generalitat ha respondido, a través de la Conselleria de Hacienda, que se trata de "un trámite habitual de cooperación institucional", pero sin dar más explicaciones sobre los asuntos concretos que se abordarán en este diálogo técnico y que tocan cuestiones perentorias como la vivienda y que se han convertido en objeto de polémica por parte de los grupos políticos de la oposición en Les Corts.
Este procedimiento que se abre ahora no supone la suspensión de la norma, según explica el Consell. "Sigue plenamente vigente y desplegando sus efectos", señala. Tras el inicio de estas negociaciones, la comisión bilateral de cooperación Administración general del Estado-Generalitat dispone ahora de seis meses para alcanzar un acuerdo sobre esos puntos y evitar así la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional.
Desde la contratación de personal investigador a vivienda
El artículo 23 del decreto sobre el que objeta el Gobierno versa sobre el ámbito de aplicación de los contratos que afectan al personal investigador integrado en algunos de los agentes públicos que forman parte del marco de investigación y desarrollo tecnológico de la Comunitat Valenciana (MIDESTE).
El 25, por su parte, va sobre la participación de las universidades o centros públicos de investigación de la Comunitat Valenciana en empresas basadas en conocimiento, mientras que el 26 se centra en los contratos para personas investigadoras distinguidas en actividad de transferencia de conocimiento e innovación.
El artículo 42 del decreto es relativo a la modificación de la Ley 3/2005, de 15 de junio, mientras que el 45 recoge la modificación del Decreto 50/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se regula la gestión documental, la organización y el funcionamiento de los archivos de la Generalitat.
El artículo 83, como ya se ha mencionado antes, recoge la modificación del Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.
Eliminación y modificación de 96 normas
Este decreto de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado elimina o modifica 96 normas. Además, establece el compromiso de que cada nueva regulación lleve aparejada la supresión de redundancias normativas. Afecta, entre otras cuestiones, a los plazos de concesión de licencias de obra para vivienda o el reconocimiento del grado de dependencia.
Según explicó en su día el Consell, tiene el objeto "responder a la necesidad de combatir la excesiva burocracia y modernizar el funcionamiento administrativo". Sumando las medidas del primer decreto ley de simplificación administrativa, supondría la modificación o eliminación de 149 normas en total.
